Aguilar, de 32 años y madre de dos niñas de siete y nueve años, se convirtió en la primera mujer periodista desaparecida en México, donde ha habido 13 periodistas desaparecidos y 70 asesinados en la última década, y es considerado por las Naciones Unidas como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo.

Su caso, además, dejó en evidencia un tema poco explorado en los informes de agresiones a la prensa: el de la doble vulnerabilidad que sufren las periodistas por motivos de género.

"Hay diferencias entre una agresión a un periodista hombre y una periodista mujer", afirmó a IPS Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac).

"Y básicamente se dan en dos cosas: una que tiene que ver con la familia, porque al hombre lo amenazan directamente y la mujer casi siempre la amenazan con dañar a su familia, y lo segundo es la violencia sexual y la difamación a su integridad", dijo.

Además, subrayó, "las mujeres periodistas tienen permanentemente una doble situación de vulnerabilidad, porque es más fácil que las empresas apoyen a los hombres amenazados, económicamente o para mudarse a otra ciudad".

Eso sucede "por la creencia de que es el jefe de la familia, por esta condición de creer que las mujeres somos mantenidas y que nuestro ingreso sigue siendo un ingreso de apoyo", planteó la directora de la organización no gubernamental que promueve los derechos de género mediante la comunicación.

Ese fue el caso de Karla Tinoco, corresponsal en el estado del nororiental estado de Durango del diario regional La Opinión Milenio. Fue despedida tras ser amenazada por grupos criminales, en mayo de 2010.

Directivos de Multimedios Laguna, propietaria de la publicación y editora del diario nacional Milenio, y sus propios compañeros de trabajo determinaron que su permanencia en la redacción comprometía la seguridad de todos.

"A las mujeres periodistas, sus medios las dejan solas más fácilmente", destacó Lagunes.

También le pasó a Mariscal, una experimentada reportera y corresponsal durante 16 años en Chiapas de La Jornada, un diario editado en Ciudad de México. Después de ser perseguida y amenazada por el gobierno estadual de Juan Sabines, la empresa no le renovó el contrato en 2011.

Mariscal y su esposo, Isaín Mandujano, corresponsal para el semanario Proceso, también editado en la capital mexicana, han sufrido hostigamiento constante del gobierno regional, tal como expuso la periodista ante el Senado.

"Recibimos correos, mensajes en Twitter, en los que lo que me cuestionan no es mi trabajo, sino cosas personales", dijo Mariscal a IPS, al comentar los elementos sexistas de las agresiones.

"Son mensajes anónimos ofensivos, que dicen, por ejemplo, '¿sabes con quien está Isaín?', '¿por qué te deja sola?', 'no te quiere'. Y a él le mandan mensajes que decían: ‘Ángeles es una neurótica, ¿cómo la aguantas?’, y también expresiones despectivas hacia mí, que nada tienen que ver con mi trabajo", detalló.

Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión estiman que entre 13 y 20 por ciento de las agresiones a la prensa en México están dirigidas a mujeres periodistas, pero no existe información desagregada por género en los informes.

Lo que sí está comprobado es que la mayoría de las agresiones a las mujeres periodistas provienen de funcionarios y policías.

"Las connotaciones sexuales en las amenazas son elementos que vulneran doblemente a las mujeres periodistas", aseguró Lagunes.

A Cacho las nuevas amenazas comenzaron a llegarle por un correo electrónico el 14 de junio a la fundación que tiene en España, que contenía amenazas de muerte contra la periodista. Tres días después, la propia Cacho recibió en México una llamada telefónica con el mismo mensaje, en que se le exigió "dejar en paz al exgobernador" Mario Marín.

La periodista es autora de libros que documentan la relación de grupos y redes criminales de pederastas y trata de personas, protegidas por empresarios y políticos regionales en Cancún, en el suroccidental estado de Quintana Roo.

En diciembre de 2006, fue detenida ilegalmente durante 24 horas, por orden de Marín, entonces gobernador del también suroccidental estado de Puebla, en represalia por el contenido de su libro "Los demonios del Edén".

Desde que denunció las nuevas amenazas, es objeto de ofensas sexistas en redes sociales.

Algo parecido soportó Carmen Aristegui, la periodista más popular en la radiodifusión mexicana, cuando fue despedida por una supuesta trasgresión del código ético de la empresa MVS Multivisión en febrero de 2010.

Aristegui citó en su programa radial acusaciones en la Cámara de Diputados de que el presidente Felipe Calderón sufre de alcoholismo, realizadas sin pruebas por legisladores opositores, y pidió a la Presidencia que aclarase el estado de salud del mandatario.

Su despido provocó gran conmoción y cientos de sus seguidores realizaron manifestaciones contra la medida, mientras Aristegui acusó al gobierno de censura. Finalmente, tras una negociación con la empresa, regresó a su programa, en lo que los radioescuchas consideraron una victoria de las audiencias.

Sus detractores, sin embargo, no pararon sus denuestos con carga de género. "Meretriz menopáusica", la llamaron en Facebook.

"Malcogida (insatisfecha sexualmente)", "neurótica", "histérica", fueron epítetos repetidos contra Cacho y Aristegui, las dos periodistas mexicanas más famosas.

"Nada de eso se diría contra periodistas hombres", aseguró Lagunes.

Luis Guillermo Hernández, integrante del colectivo Los Queremos Vivos, que promueve movilizaciones contra las agresiones a comunicadores, confirmó a IPS "marcadas diferencias" en el trato a víctimas mujeres. Pero matizó que sucede en otras profesiones y es parte de "una dinámica social que no hemos podido desmontar".

También planteó que debe ser motivo de reflexión el que "no he visto una visión de género entre las mujeres periodistas para organizarse y defenderse en casos como el de Lydia (Cacho) o Carmen (Aristegui)".

En junio, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, documentó 52 casos de reporteras y reporteros que fueron víctimas en diferentes partes del mundo de agresión sexual, cuando realizaban coberturas informativas o estaban en sus lugares de trabajo.

El informe "El crimen silenciado: violencia sexual y periodistas" fue realizado por Lauren Wolfen con apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios y destaca que estigmas sociales y culturales y el temor a ser reasignados a otras labores, lleva a las y los periodistas víctimas de abuso sexual a no denunciarlo.

(FIN/2011)