¿Qué significan estos datos porcentuales en términos prácticos? A juicio de Defensoría de los Habitantes, al parecer la CCSS, debería concentrar sus esfuerzos en el cobro de los grandes morosos, particularmente si como se dijo, 37 de ellos deben una suma de dinero tan considerable, la cual en números es superior a los 8 mil millones de colones.

Por otro lado, sobre los patronos privados inactivos hablando de cuotas obrero-patronales adeudan una suma alarmante, que según los datos suministrados por la CCSS, asciende a más de 100 mil millones de colones. Por ello, en la Defensoría se pregunta las razones por las cuales la CCSS permite que un solo patrono llegue a tener deudas tan elevadas y si lo que está fallando es la administración o la ley.

Sobre el sector público, valga rescatar brevemente, que 5 patronos (todos del Poder Ejecutivo) adeudan el 95,26% de este segmento de la deuda, lo cual en números es más de 6 mil millones de colones.

El Estado –según la información brindada por la CCSS a la Defensoría- le debe más de 100  mil millones de colones a esa institución por concepto de cuotas obrero-patronales. Pero para la Defensoría, también debe considerarse como parte de la deuda del Estado los montos no cancelados de los convenios de pago firmados por el Estado para honrar antiguas deudas con la Caja, más lo correspondiente a deudas del estado como tal y otras obligaciones no negociadas en ningún convenio, lo que elevaría la deuda estatal con esa entidad en un monto muy superior, que iría por encima de los 200 mil millones de colones. Y nótese que no se pueden aportar cifras exactas porque los datos brindados por la CCSS han sido inconsistentes, lo que ha impedido conocer con exactitud los montos reales de los diferentes renglones dificultándosele a la Defensoría la realización de un análisis exacto al no contar con datos unívocos y consistentes a lo largo de nuestra investigación.

Otros mecanismos a cirugía

Adicionalmente la CCSS cuenta con diversos mecanismos para presionar a la hora de cobrar las obligaciones patronales. Sin embargo, no parecen ser suficientemente severos,  o bien, no son aplicados eficientemente por esa institución. Por otro lado existe el mecanismo de arreglos de pago, que suspenden las sanciones.  En este punto de la investigación, en la Defensoría aún se desconoce hasta dónde se ha abusado de esta posibilidad, arrastrándose deudas por años y años, negociando un arreglo de pago tras otro, sin que se llegue a cumplir efectivamente con el pago.

Por otra parte, también existe el mecanismo de la no autorización de presupuesto por parte de la Contraloría General de la República para los entes públicos morosos. Sin embargo, entes públicos morosos siguen funcionando, con sus presupuestos aprobados.

En cuanto a la aplicación del requisito de estar al día con las obligaciones con la CCSS para poder realizar ciertos trámites administrativos en los entes públicos, se ignora si este requisito legal está siendo plenamente acatado por los diferentes entes encargados de esos trámites.

A juzgar por el monto acumulado por morosidad tanto del sector privado como del sector público, parece ser que la ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se quedó corta y las sanciones que se establecen contra los morosos, no representan una verdadera amenaza para los patronos que no pagan oportunamente. Esta situación afecta la prioridad de pago de deudas y los empresarios postergan o evaden el pago a la Caja, porque saben que las sanciones no son realmente severas, y además, existe el recurso del arreglo de pago, que no siempre se cumple y que además se puede renegociar, con lo que surgen sucesivos arreglos de pago sobre la misma deuda.
 
Por esta razón, la Defensoría considera que la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social no es suficientemente estricta y que deben hacerse reformas tales que, para los patronos, el pago a la CCSS sea prioridad.

Para la Defensoría se vuelve una necesidad de que la Contraloría General de la República realice una auditoría administrativa en la CCSS para poder determinar si la morosidad acumulada obedece a ineficiencia administrativa o a vacíos legales que deben subsanarse.

“Los recursos de la CCSS sí eran agotables, sí es una institución sensible que ha resentido ese “saqueo” paulatino y sí, ahora estamos en un punto de crisis en el que la urgencia es salvarla. Ya no funcionan las recetas de antes y lo mismo sucede con las formas de gestión en los servicios de salud que tenemos hoy; deben cambiar urgentemente y ante la problemática actual, a cualquier costo se deben sentar las responsabilidades necesarias ahí donde correspondan”, dijo Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes.