147 de la Constitución, que está vigente, establece un doble candado para el presidente en ejercicio. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró “inaplicable” dicho artículo para el presidente Ortega, carece de validez por defectos de forma y fondo. Además, la CSJ no tiene facultades para dejar sin efecto un precepto constitucional; c) La integración de los Consejos Regionales, Departamentales y Municipales no se ajustó a las normas que para su integración establece la Ley Electoral, dejando la mayoría de estos Consejos bajo el control del FSLN y de sus micropartidos aliados; d) La entrega de cédulas ha sido deficiente y sesgada. Miles de ciudadanos no han recibido tan importante documento de identidad, cuya entrega no debería estar vinculada a los procesos electorales ni en manos del CSE sino de una institución independiente de carácter técnico; e) El CSE adoptó la errónea decisión de no hacer ninguna publicidad a etapas claves del proceso electoral, como son la verificación ciudadana y la cedulación. La verificación, por sus irregularidades y deficiencias, fue un remedo; f) El CSE, después de concluido el período de impugnaciones a las candidaturas para diputados, y habiendo ya publicado en “La Gaceta”, Diario Oficial, la lista definitiva de los candidatos, en una reedición del pacto Ortega-Alemán, ha procedido a sacar ilegalmente de la lista de los inscritos a varios candidatos a diputados de la oposición.

En fin, podríamos agregar otras irregularidades a las antes mencionadas, y que han estado a la vista de la ciudadanía. Ante esta situación, ¿será cierto que participar en este proceso es otorgarle una legitimidad que no tiene? ¿Es legitimar la candidatura inconstitucional e ilegal del Presidente Ortega?

El ejercicio del sufragio es un derecho y un deber ciudadano. El Presidente de la República y los diputados ante la Asamblea Nacional concluyen sus períodos constitucionales el 10 de enero del 2012. Ese día deberán tomar posesión las nuevas autoridades electas por el sufragio universal, igual, directo y secreto de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses (Art.2 Cn). En consecuencia, el proceso electoral necesariamente tiene que darse. Es, constitucionalmente, indispensable

Lo ideal  sería que estuviese siendo conducido por magistrados debidamente electos, que garanticen la honestidad y transparencia del proceso, y en presencia de observadores nacionales e internacionales.

Si, desafortunadamente, esto no ocurre, de todas maneras es necesario, por deber cívico y patriótico, concurrir a las urnas electorales masivamente el día 6 de noviembre próximo y depositar conscientemente el voto a favor del candidato que en opinión de cada quien, reuna los requisitos legales y cuya candidatura no sea contraria a la Constitución Política; que sea, también, el candidato quien mejor nos asegure la derrota flagrante de la dictadura, la recuperación de la institucionalidad democrática y ofrezca el programa de gobierno más convincente para lograr el bienestar del pueblo nicaragüense, sobre la base de más y mejor empleo, más y mejor educación y una lucha frontal contra la pobreza y la corrupción.

Será, entonces, el voto masivo del pueblo nicaragüense lo que  legitimará la elección del candidato legal que resulte electo, pese a las irregularidades del proceso electoral. La peor decisión sería abstenerse o anular el voto, porque equivaldría a votar por la continuación del autoritarismo y la dictadura. En cambio, una candidatura ilegal no podrá jamás legitimarse, por más votos que se le asignen, porque está viciada de ilegitimidad en su propio origen, al ser absolutamente contraria a la Constitución Política de la República.