Proyecto con impacto en municipalidades



San José.- Olman Rojas Rojas, Coordinador Programas BID-CATASTRO, manifestó que una de las preocupaciones que tiene con relación al proyecto de ley para preservar el uso agropecuario de los terrenos, es el impacto en los ingresos de las municipalidades.

Rojas, compareció ayer por la tarde ante los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se refiriera a ese tema e indicó que introducirle una variable diferente a la que se tiene, convierte al impuesto en una actividad muy compleja de administración por parte de la municipalidad y esto permite que se preste a que haya una gran discreción en la declaración del dueño o en la discreción del ayuntamiento.

“Una de las preocupaciones que nosotros tenemos es el impacto en los ingresos de las municipalidades, un país tan centralista como este, la competencia de subvencionar la productividad agrícola no es del Gobierno local, es del Gobierno central, como lo hacen muchos países desarrollados, donde hay una especie de subvención y le hacen una planificación a la cual debiéramos de entrar ya si queremos competir a nivel de todo el mundo con productividad”, dijo.

Así mismo indicó que está en contra de la iniciativa, sobre todo por ese impacto que puede producir en los Gobiernos Locales y además que no vendría a hacer un equilibrio con toda la contribución de la economía.

“Una de las exigencias que debemos de tener, es como generar datos para que se pueda tomar una muy buena decisión y no se perjudique ni al sector municipal ni al sector agropecuario en este proceso, porque este es un país agrícola que hay que tomar de alguna manera la ponderación de cómo tratar el tema rural”, puntualizó Rojas.

Finalmente una de las recomendaciones que hizo Olman Rojas es que se traten de dos tasas, una rural y otra urbana, ya que esto ayudaría a que el sector rural pueda ser valorado con una tasa diferenciada inclusive.

“El proyecto se debería de mejorar, eso para nosotros implica una modificación a la tasa y no a los actores que están siendo estimados por el modelo de valoración, no entrar en ese laberinto que puede no llegar a dar un buen resultado”, concluyó.

La iniciativa establece que el uso agropecuario constituye un factor de corrección objetivo necesario en la valoración de los terrenos dedicados a la actividad de producción agropecuaria, con el fin de que se logre determinar certeramente el valor fiscal de la tierra en función de su uso y promover su preservación.