San José.-
Licenciado
Hernando  París  Rodríguez
Ministro
Ministerio de Justicia y Paz
Su despacho

Asunto: EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTÁ EN CRISIS

Estimado señor Ministro:

Con el mayor de nuestros respetos, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Dándole seguimiento a las conversaciones sostenidas con su digna autoridad, pocos antes del 8 de mayo anterior, nos dirigimos respetuosamente para concretarle el planteamiento que nos solicitara, a fin de contribuir a atender, en esta nueva administración gubernamental,  las  deplorables condiciones en que se encuentra el Sistema Penitenciario Nacional, el cual, según nuestra perspectiva, está en crisis.

Nuestra propuesta parte de una amplia consulta a los trabajadores y a las  trabajadoras  del Sistema Penitenciario Nacional, así como del análisis de denuncias de este personal y de personas  privadas de libertad, interpuestas ante los órganos de control (Defensoría de los Habitantes de la República, Contraloría General de la República); jurisdiccionales  (Sala IV); o de parte de las autoridades de control del Ministerio de Hacienda, y de los medios de comunicación masiva.

Los problemas principales encontrados que aquejan la gestión penitenciaria están relacionados con:

• Ausencia de políticas integrales penitenciarias (criminológicas, de Derechos Humanos, de género, de justicia penal).
  
• Hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente.
  
• Deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: de salud, de educación, de trabajo, de relación con entorno social-familiar y  comunidad  y  de seguridad humana;  así como para responder a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad: personas con discapacidad,  migratorias, exclusión, género, condición etaria, delincuencia organizada.
  
• Insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción.
  
• Limitado equipamiento, escasez y deterioro de materiales e instrumentos de trabajo para el personal y para la población privada de libertad.
  
• Excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo.
  
• Ausencia de redes de coordinación externas institucionales, estatales, empresa privada, ONG’s  y otras.
  

Las manifestaciones de esos problemas reflejan que el Sistema Penitenciario Nacional en los últimos decenios ha sido rebasado por el aumento en el número  de personas y las tasas de encierro; limitaciones crónicas en el financiamiento,  planificación  y dotación de  infraestructura;  recursos materiales y equipo humano;  ausencia de  contrapesos y salvaguardas que garanticen que la acción  institucional ocurra dentro del marco y los objetivos que la sociedad le ha fijado; el  deterioro de la capacidad interna de la organización;  así como  de los incentivos sociales y organizativos que permitan y provoquen  el cambio que  imponen  los nuevos desafíos  criminológicos  y  garantizar  la seguridad  de todas  las personas  y  la convivencia  democrática.

El Estado costarricense  tiene la ineludible obligación  de forjar, conjuntamente, una  política integral  que trascienda lo que hasta el momento han  privilegiado  los  órganos de representación política: acciones incomunicadas que incluyen la aprobación de  nueva  legislación penal especial,  la penalización de nuevas conductas, el aumento de las penas, el fortalecimiento policial,  en menor medida el apoyo al quehacer judicial,  y una  casi nula atención  prestada al sistema penitenciario.

Habiendo constatado la existencia de esas serias situaciones  y condiciones que conspiran para un desempeño efectivo del quehacer penitenciario, consideramos que los problemas    apuntan, en general,  a  tres dimensiones de la gestión pública penitenciaria, a saber:

• El marco conceptual, filosófico y jurídico/normativo, político y programático del quehacer penitenciario.
  
• La organización del  trabajo, las  condiciones laborales y la planificación operativa;  así como el funcionamiento de  redes de cooperación  o articulación  al exterior del sistema.
  
• La gestión de  gobierno y la gobernabilidad de la gestión  unida a la  visión estratégica del presupuesto.
  

Estamos convencidos de que atenderlas requiere de operaciones multinstitucionales, la creación de redes de cooperación público/privadas, así como de  espacios organizacionales  de diálogo que faciliten encontrar   respuestas.

La actuación institucional aislada o reducida a niveles jerárquicos que se muestran inoperantes,  impide el cabal cumplimiento de sus fines,  por ello, son  indispensables  acciones que agrupen diversos esfuerzos en la materia.

Con  el propósito de atender esas dimensiones y coadyuvar a asegurar que la  organización/institución  penitenciaria  reencauce su trabajo  dentro de  un marco socialmente deseable  de seguridad ciudadana,  evitar situaciones latentes de alto riesgo social para el personal y para las personas privadas de libertad, así como una escalada del  ciclo de  violencia;  nuestra propuesta  inicial se concreta en  tres acciones de ejecución inmediata, simultánea y complementaria y que  pueden alcanzan su concreción  antes de finalizar el año 2010, a saber:

• Primera: Abrir  un espacio de reflexión y acción  mediante la realización de un Congreso Nacional Penitenciario que permita  debatir el  contenido real  de los compromisos  penitenciarios que  hasta  el momento  poco han trascendido su carácter retórico; así como  asegurar  que la gestión pública  penitenciaria  pueda mejorar  la  coordinación  entre organizaciones formalmente independientes pero funcionalmente interdependientes, y adaptar sus  propuestas de atención a la escala y complejidad  de los problemas y  situación actuales y demandas de la sociedad costarricense.
  
• Segunda: Impulsar  la concreción de la   Convención  Colectiva  de Trabajo  que vendría a regular  los principales  aspectos de la relación laboral del personal penitenciario, y con ello el redescubrimiento de una  racionalidad burocrática en el Ministerio de Justicia y Paz.
  
• Tercera: Proponer  una agenda de acciones de carácter apremiante  para atenuar necesidades urgentes  y así  evitar riesgos sociales de mayor envergadura en lo inmediato. Al final de la presente, detallamos cómo concebimos la operacionalización de esta propuesta.
  

Hemos perfilado las bases organizacionales y temáticas del Congreso Nacional Penitenciario que se propone, un cronograma conjunto de acciones que culmine con  la firma de la Convención Colectiva; y una enumeración de siete planes urgentes mismos que están a cargo de un equipo designado  por esta  Secretaría General de la ANEP,  quienes se encuentran en la mayor disposición de iniciar la coordinación  con su  despacho,  para lo cual le estamos pidiendo, formalmente y por esta vía, una nueva audiencia con tres propósitos:

a) Entregarle una copia del documento que sustenta nuestro pensamiento sobre el tema aquí expuesto en términos generales;

b) presentarle el equipo gestor de este proceso integral y las personas trabajadoras penitenciarias responsables a cargo de cada una de las tres acciones de ejecución simultánea;

c) definir con su autoridad presidencial, si usted está de acuerdo, algunas acciones operativas para impulsar de inmediato.

La ANEP  ha mantenido un constante monitoreo de la situación penitenciaria  y una comunicación permanente con las altas autoridades, alertándolas de su grave situación, sin que a la fecha,  la respuesta obtenida  haya sido satisfactoria. A pesar de ello, nos alienta  en esta ocasión su solicitud expresa  y  con el  mejor de los ánimos   vemos la  apertura conjunta de este espacio  propositivo de acción en el sistema penitenciario costarricense. Nos parece  oportuno, prudente y necesario el diálogo franco, respetuoso y abierto.

El Sistema Penitenciario Nacional ocupa de un proceso de profunda reestructuración participativa, dentro del cual aspectos de corto y mediano plazo se combinen con decisiones estratégicas a largo plazo. La ANEP responde y participa  propositivamente a ello.

Es criterio oficial de la ANEP, compartido por un elevado número del personal institucional de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis, así de contundente lo afirmamos.

Ello nos lleva a que se considere que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), oficialmente y por esta vía, en atención a la tercera línea de acción inmediata, simultánea y complementaria arriba citada, que proponemos como medida urgente la conformación de una comisión interventora, integrada en  forma amplia  y consensuada con el señor Ministro de Justicia y Paz y la ANEP, en la que participen ciudadanos de reconocida honorabilidad y capacidad profesional, instituciones de control estatal y personal de la Dirección General de Adaptación Social de reconocida trayectoria y compromiso con el Sistema Penitenciario Nacional; cuya legitimación puede venir ya sea de un decreto ejecutivo emitido al efecto, o con la emisión de una directriz ejecutiva salida de la Presidencia de la República.

A esta comisión se le concederán las facultades y atribuciones para realizar las gestiones a continuación enunciadas, considerando estos tres apartados:

PRIMERO

1. Revisar, corregir y actualizar los procesos y procedimientos administrativos aplicables a la gestión institucional, al menos en:

Planificación: del qué, cuándo y para qué, quiénes participan.

Presupuestación: sobre la base de la planificación, su aprobación, quiénes elaboran el presupuesto institucional,  mecanismos de control de ejecución.

Compras: trámites de compras, control de manejo de bodega, control de uso en cuanto a los fines establecidos.

Ejecución: evaluar las fallas y determinar nuevos procedimientos para la ejecución plena del presupuesto.

Personal: mapeo de personal en las diversas funciones requeridas, reasignación en función de las acciones establecidas, determinación de las nuevas necesidades de recursos humanos; uniformidad de criterios y todas aquellas instancias procesos y procedimientos necesarios y suficientes de acuerdo a las normativas legales vigentes (institucional, nacional e internacionalmente); facilitando la participación en la construcción de políticas alternativas a nivel  penitenciario, en condiciones físico ambientales y psicológicas adecuadas.

2. Revisar, corregir y actualizar los procesos y procedimientos técnicos aplicables a la gestión institucional: Instituto Nacional de Criminología, Departamento Técnico, Cómputo de Penas, Departamento de Investigación y Estadística, Coordinaciones de Programas y todas aquellas instancias, procesos y procedimientos necesarios y suficientes de acuerdo a las normativas legales vigentes (institucional, nacional e internacionalmente).

3. Establecer las prioridades de intervención inmediata en los cuatro programas de atención a la población penitenciaria: Institucional, Semi-institucional, Comunidad y Penal Juvenil.

4. Trasladar según corresponda los informes que se generen en el transcurso de la intervención sobre una perspectiva de mal uso del personal, como de los recursos técnicos y administrativos. Lo anterior incluye una auditoría de los procedimientos actualmente establecidos para el manejo de los fondos que ingresan a la Dirección General de Adaptación Social, a través del Patronato de Construcciones.

5. Proyectar y proponer la nueva organización que habría de darse en la Dirección General de Adaptación Social, incluyendo la redacción de un anteproyecto de Estatuto Orgánico, según la ley 4711.

6. Rendir un informe técnico de todas las conclusiones y recomendaciones que como resultado de la intervención se produzcan. Dicho informe será presentado ante la Presidencia de la República e igualmente se presentará en un acto público para el conocimiento de la ciudadanía en general. Se deberá garantizar el derecho al honor de las personas que resultaran con posibles procesos investigativos.

7. Para el debido cumplimiento de los objetivos enumerados, la comisión interventora nombrada tendrá plena libertad de nombrar y auxiliarse de cuantos expertos, peritos o técnicos estime necesarios, sean éstos nacionales o internacionales.

8. El Ministerio de Justicia y Paz garantizará la gestión y asignación de recursos financieros que resulte necesaria para el desempeño de las funciones y atribuciones de la comisión interventora.

9. La comisión interventora nombrada durará en sus funciones un máximo de seis meses, prorrogables si fuese necesario.


SEGUNDO
 
10. En ningún caso se adoptarán represalias en contra de las personas funcionarias que participan en el movimiento de recuperación de la institucionalidad del Sistema Penitenciario Nacional. Igualmente, no se realizarán despidos, rotaciones o cualquier otra medida que pueda ser asumida como sanciones disciplinarias en contra del personal que se pronuncie en relación a este movimiento; quedando sin valor y efecto aquellos procedimientos que a la presente fecha hayan sido ordenados por estos mismos asuntos.

TERCERO

11. El Ministerio de Justicia y Paz se compromete en hacer suyo el informe técnico que al efecto deberá remitir la comisión especial interventora nombrada, obligándose a tomar las medidas correctivas que en el mismo se sugieran a favor del fortalecimiento de la Dirección General de Adaptación Social, del Sistema Penitenciario Nacional.

Señor Ministro: Le reiteramos el máximo de nuestros respetos y quedamos a su orden para una próxima, necesaria y urgente audiencia en su despacho.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General   

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Jorge Rodríguez Bogle, Director General, Dirección General de Adaptación Social.
cc.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General, Contraloría General de la República.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Lic. Luis Gerardo Fallas Acosta, Defensor Adjunto, Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Delegados y delegas sindicales de la ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.
cc.. Personal Profesional, Técnico, Administrativo, de Servicio, Policial, Sistema Penitenciario Nacional.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.