San José.-“Evidentemente cuando el Poder Judicial tomó la decisión de rescindir el contrato era porque la empresa no estaba cumpliendo, estaba entregando en forma no adecuada los productos que se le habían solicitado y por supuesto eso fue lo que generó precisamente que el Poder Judicial tomara la decisión…”

Así lo manifestó ante los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el auditor de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Hugo Ramos Gutiérrez, ante el insistente cuestionamiento lanzado por el legislador socialcristiano Walter Céspedes en torno del desempeño de la empresa INDRA SISTEMAS.

El auditor Ramos Gutiérrez, fue llamado luego que saliera a la luz pública, el aparente conflicto de intereses surgido, cuando el Poder Judicial contrató dicha consultoría, por un monto de $1.8 millones para instalar un sistema de software cuyo Director de Proceso sería el abogado Jorge Obando Sancho, esposo de la magistrada de la Corte, Ana Virginia Calzada.

Ramos fundamentó la información solicitada por los congresistas en un documento elaborado por la asesora legal en el cual se llegó a la conclusión de que no existe incompatibilidad por cuanto “las funciones asignadas al señor Obando en la empresa INDRA no le caben las prohibiciones establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento…”

Según el documento al que dio lectura el visitante la vinculación no tiene problema dado que Obando no ostenta ningún cargo de dirección, ni miembro de la junta directiva de INDRA, ni es dueño de más de un 25 por ciento del capital social de la misma.

“Aunque usted nos lea ese documento (donde dice) que todo es legal me va a decir que no le queda un sinsabor a los costarricenses de saber que el esposo de una magistrada es contratado por la Corte… no cree usted que eso huele mal ?…”, cuestinó el legislador socialcristiano

Céspedes insistió ante el visitante que el pueblo costarricense tiene muchas dudas pues “siendo la auditoria la que tiene que dar el ejemplo de ser meticulosos, personas que tienen que olfatear las cosas para que no ocurran y más bien disfrazan, pues quedan muchas dudas”.

Con documentos en mano el diputado Céspedes mostró como desde el principio la empresa INDRA falló en los compromisos adquiridos y como a pesar de que en un determinado momento se aprobó incluso cobrarle una multa, al final la misma no se ejecutó.

Por su parte el legislador Víctor Hernández Cerdas, calificó como una equivocación el haber convocado al auditor a la comisión por cuanto no avanzaron nada.

“Ellos representan a instancias que dependen de superiores jerárquicos, que son los que toman las decisiones finales y esta no es una excepción. Hoy se han disimulado o evadido las respuestas…”, concluyó.