Diputados priorizan préstamo con el BID - TicoVisión |
Escrito en 08/09/11 a 16:08:58 GMT-06:00 Por Administrador |
08 de Septiembre de 2011 | TicoVisión | Redacción - | Legislativas | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento Diputados priorizan préstamo con el BID La Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa dará prioridad al trámite del préstamo por más de $132 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social, a cargo del Ministerio de Justicia y Paz. Los diputados que integran la comisión dictaminadora aprobaron en forma unánime una moción de alteración del orden del día, para llevar al primer lugar de la agenda el expediente No. 18157, Aprobación del Contrato de Préstamo No. 2526/OC-CR entre la República de Costa Rica y el BID. El contrato de préstamo por un monto de hasta $132.441.110,00 fue suscrito el 20 de mayo de 2011 por el Gobierno de la República e ingresó a la corriente legislativa el 15 de junio de 2011. Antes, ocupaba el puesto doce en la agenda. Las diputadas Jeannette Ruiz Delgado y María Eugenia Venegas Renauld, representantes del PAC en la Comisión de Asuntos Internacionales, apoyaron la moción, conscientes de la necesidad de aumentar la inversión en programas de prevención y de dotar al país de mejor infraestructura carcelaria. “Desde la óptica del PAC, la lucha contra la inseguridad ciudadana es una tarea de largo plazo que inicia con brindar oportunidades a la población vulnerable. El préstamo promueve la inversión en infraestructura pública como centros cívicos para dar oportunidades a la niñez y la juventud en riesgo social”, señaló la diputada Ruiz Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales. El programa tiene tres componentes: I Fortalecimiento de capacidad institucional del Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia y Paz, II. Prevención social focalizada en niños y jóvenes en riesgo en áreas críticas y III. Reinserción social para personas en conflicto con la ley penal. El Estado costarricense debe cumplir con una contrapartida de $55.310.800,00. “Atender de manera responsable e integral la seguridad ciudadana, como base para la gobernabilidad democrática, es una de las líneas de trabajo político y social del PAC. La seguridad ciudadana es un derecho, un bien público, que demanda recursos”, recordó la legisladora Venegas Renauld. |
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