“magistratura de influencia” y que difícilmente podría cumplir con tal misión esencial si ante determinada campaña publicitaria o informativa desarrollada se le pretende censurar por la posición que asume.

En adición a ese argumento, otro magistrado enfatizó que la Defensoría en el ejercicio de sus actividades y dentro de su competencia, tiene plena independencia funcional, administrativa y de criterio, lo que implica que actúa por valoraciones propias y no de acuerdo con la apreciación de ninguna entidad de la Administración Pública como garantía del espacio jurídico y político de acción que requiere para el ejercicio autónomo de sus funciones.

Para la Defensoría es importante estas resoluciones porque fortalece el papel que ha venido desempeñando la institución en el ofrecimiento de información sobre el derecho humano a fundar una familia, a la igualdad y a los avances científicos  en materia de la técnica de fertilización in Vitro, siempre enmarcado en un proceso de divulgación de información derivada del marco internacional de derechos humanos, de las recomendaciones dadas al Estado por una instancia internacional y en ejercicio de las competencias institucionales.

La Defensoría sigue siendo enfática en que nunca ha cuestionado la vigencia del pronunciamiento de la Sala Constitucional, el cual interpretó la imposibilidad de regular por vía reglamentaria una actividad de trascendencia nacional y jurídica y la inconstitucionalidad de una técnica de la fertilización in Vitro (que se usó en ese momento) considerada incompatible con la vida. Esta Defensoría está clara que la resolución de la Sala Constitucional está vigente, pero estima que el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló nuevas y actuales dimensiones de la fertilización in Vitro, que obligan al Estado costarricense a adoptar nuevas medidas, en este caso legislativas en tutela de los derechos que la CIDH ha determinado como violentados, contexto actual que sin duda alguna corresponde a la Defensoría de los Habitantes, como órgano nacional en defensa de los Derechos Humanos, un papel activo en la promoción y divulgación de toda la información científica y jurídica relevante, que permita a todos los y las habitantes ejercer su legítimo derecho de información en un tema nacional que concierne a todas las personas.