El INVU sabía de riesgos en finca antes de comprarla



San José.- El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tenía claro que antes de proceder a la compra de la finca debía hacer caso a las recomendaciones de efectuar un estudio completo de suelos.

Así lo dejaron claramente establecido los geólogos Julio Madrigal y Juan Ignacio Chaves Salas, de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) esta noche ante los miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Con base en sus potestades, los diputados estudian las aparentes irregularidades cometidas en la compra de la finca ubicada en el distrito San Josecito, del cantón de Alajuelita, para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social.

De acuerdo con las declaraciones de los funcionarios, las autoridades del INVU disponían del informe realizado por ellos en el que indicaban que era indispensable profundizar en los estudios de suelos antes de comprar dicha finca.

La propiedad tuvo un costo de 512 millones de colones, 100 millones de colones por encima del precio que fijó el avalúo de la misma y además debido a la serie de problemas que presenta el terreno por inestabilidad, solo un porcentaje de la misma se puede utilizar.

Los recursos usados en esta compra forman parte de un monto de mil millones de colones que el ex Presidente Oscar Arias presupuestó para la comunidad mencionada sobre todo porque hay 1 700 casos de familias esperando apoyo del gobierno para optar por una vivienda.

Esta noche también debió hacerse presente ante la comisión el Alcalde de Alajuelita Víctor Hugo Chavarría Ureña, pero justificó su ausencia aduciendo que tiene compromisos hoy y mañana en las sesiones del Concejo Municipal, donde se discutirá el presupuesto local para el próximo año.

Investigarán alcalde

Los legisladores aprobaron una moción para convocar a audiencia al alcalde de la Municipalidad de Osa Alberto Cole de León a quien comenzarán a investigar en las próximas fechas.

Cole de León se pagó a sí mismo durante varios años el concepto de prohibición o dedicación exclusiva dentro de su salario sin disponer de ningún título profesional que sustentara dicho pago.

Sobre este mismo caso deberán comparecer los representantes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, quienes realizaron un estudio en esa municipalidad.