Transferencias alimentan clientelismo político



San José.- El Gobierno de la República y los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) mantienen en el Presupuesto Nacional una caja chica que supera los ¢5.000 millones anuales y que manejan a su antojo, de forma clientelista y sin ningún tipo de control, para financiar obras sociales y proyectos de infraestructura.

Los recursos llegan a las comunidades por medio de “transferencias corrientes” y “transferencias de capital” a los gobiernos locales, sobre las cuales no hay ningún tipo de control o fiscalización. Son los diputados oficialistas quienes pujan ante el Poder Ejecutivo para decidir finalmente el destino final de los fondos.

En el mejor de los casos, el dinero llega a las comunidades o entidades públicas, como los gobiernos locales, pero también pueden desviarse recursos a organizaciones privadas, como se ha denunciado en el pasado. De cualquier forma, los diputados del PLN se encargan de imprimir su sello a los desembolsos.

Por ejemplo, el 21 de junio de 2011, el diputado Víctor Hugo Víquez remitió al Concejo Municipal de Heredia (Oficio No. VHV-561-05-11) un listado de proyectos por ¢85 millones que serían financiados gracias a sus “gestiones”.

En la misma nota, el legislador del PLN indica a las autoridades municipales como proceder ante el Poder Ejecutivo para garantizarse el giro de los recursos.

“Estos proyectos deben ser aprobados por este honorable Concejo Municipal, y remitir el acuerdo en firme al departamento de presupuesto del Ministerio de Gobernación […] para que inicie los trámites de solicitud de giro de los recursos ante el Ministerio de Hacienda, y que se registren en la caja única del estado a nombre de la Municipalidad”, señala la nota suscrita por el diputado Víquez.

¿Cómo lo han hecho? Durante los últimos años, los recursos, más de ¢5.000 millones anuales, se asignaron en partidas presupuestarias –transferencias municipales– sin destino específico en el plan de gastos del Ministerio de Gobernación. Posteriormente, se repartían por medio de un Decreto Ejecutivo.

Para burlar la fiscalización y el control de la Contraloría General de la República (CGR) y de la misma Asamblea Legislativa, y disponer de los recursos a su antojo, el Poder Ejecutivo y los diputados del PLN han utilizado “partidas presupuestarias globales”, es decir, transferencias que no detallan el objeto del gasto autorizado.

La Sala Constitucional ha señalado que este tipo de partidas presupuestarias “podrían resultar inconstitucionales, por infracción al principio de especialidad (que se traduce en el principio de especificación) y al principio de claridad”.

Con esta maniobra, el Poder Ejecutivo y sus diputados administraron y distribuyeron recursos públicos durante los últimos años de forma clientelista, evadiendo cualquier tipo de control y violentando la Ley 7755, Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional.

Un viejo problema. En 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7755 con el objetivo de acabar con el clientelismo político y de regular “todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República”.

Sin embargo, el oficialismo encontró un portillo en las denominadas “transferencias municipales” para continuar con sus prácticas clientelistas. De hecho, los recursos que se asignan a la Ley 7755 son cada vez menores en comparación con las partidas presupuestarias que alimentan las transferencias.

Las partidas específicas pasaron de ¢4.420 millones en 2010 a ¢3.000 millones en 2011, mientras que las transferencias pasaron de ¢4.404 millones a ¢5.506 millones en el mismo periodo. Las primeras cayeron un 32%, las segundas aumentaron un 25%.

La Ley 7755 establece criterios técnicos de distribución y asignación proporcional de los recursos entre las municipalidades (número de habitantes, extensión geográfica e índice de pobreza), mientras que las transferencias municipales están libres de control y fiscalización, lo que explica el debilitamiento de las partidas específicas.  

La diputada Yolanda Acuña Castro, representante del PAC y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, informó que en el Presupuesto para el 2012 las transferencias desaparecieron del Ministerio de Gobernación, pero fueron asignadas a otras entidades como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

“Vamos a ejercer un estricto control sobre el presupuesto. Tenemos que cerrar las llaves del clientelismo que promueve el PLN”, señaló la representante del PAC.

La legisladora adelantó que mocionará para que todas las partidas presupuestarias sin destino específico sean reorientadas y sirvan para financiar la Ley 7755 que distribuye recursos entre todas las municipalidades del país atendiendo criterios objetivos.  

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