Los Códigos Penales no deben modificarse de a poquitos - TicoVisión 
"Podríamos caer en el error de estar retocando un cuerpo unitario y sistemático, como es un código y empezar a pellizcarlo y convertirlo en un adefesio", afirmó el magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez.
04 de Noviembre de 2011 | TicoVisión | Redacción - | Legislativas | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Los Códigos Penales
no deben modificarse de a poquitos
“Cualquier decisión en materia penal — Código Penal, Código Procesal Penal o las leyes penales especiales— debe pasar por un análisis y consideración científica de cómo es que realmente funcionan porque podríamos caer en el error de estar retocando un cuerpo unitario y sistemático, como es un código y empezar a pellizcarlo y convertirlo en un adefesio”.
Así lo afirmó el magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ante los miembros de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
El Magistrado Arroyo Gutierrez fue convocado para referirse al expediente 17490, por medio del cual se impulsa la modificación a varios artículos del Código Penal para variar los requisitos por los cuales se puede otorgar la libertad condicional.
En la actualidad, este beneficio se le da a los condenados que han cumplido la mitad de la pena impuesta, mientras que en el proyecto que se tramita se pretende subirlo a cuando se tenga cumplidas las tres cuartas partes de la condena.
Arroyo dijo estar en contra de la modificación propuesta a la libertad condicional aduciendo que no es cierto que la misma se otorgue con mucha liberalidad o de manera amplia y flexible.
Así lo afirmó el magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ante los miembros de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
El Magistrado Arroyo Gutierrez fue convocado para referirse al expediente 17490, por medio del cual se impulsa la modificación a varios artículos del Código Penal para variar los requisitos por los cuales se puede otorgar la libertad condicional.
En la actualidad, este beneficio se le da a los condenados que han cumplido la mitad de la pena impuesta, mientras que en el proyecto que se tramita se pretende subirlo a cuando se tenga cumplidas las tres cuartas partes de la condena.
Arroyo dijo estar en contra de la modificación propuesta a la libertad condicional aduciendo que no es cierto que la misma se otorgue con mucha liberalidad o de manera amplia y flexible.
Detalló que en el 2010 de los doce mil privados de libertad que había dentro del sistema penitenciario del país, un total de 862 de ellos solicitaron la libertad condicional y sólo se otorgó a 330.
En criterio de Arroyo el sistema penal del país es razonablemente efectivo, que procesa y castiga a los ciudadanos que comenten delitos.
Dijo que después de Estados Unidos, Chile y Panamá, Costa Rica ocupa el cuarto lugar en “prisionización”, lo que demuestra que sus procesos penales son efectivos.
Arroyo insistió en que el país ha seguido la política conceptual —y así se ha comprometido a nivel internacional— de que la pena sirve para rehabilitar y reinsertar en la sociedad, lo que no se puede perder de vista.
“El Estado costarricense, dentro de una concepción democrática y de estado de derecho ha dicho: este país se compromete a sancionar penalmente a las personas que infringen la ley, pero en el sistema penal se van a tener los principios y los conceptos necesarios para que esa pena sirva de vehículo de reinserción social”.
“Esto es un ideal democrático y un compromiso del Estado costarricense que no se puede perder de vista cada vez que se quiere hacer una reforma en esta materia”.
Por último aseguró que precisamente la libertad condicional que se otorga a los reos es uno de los institutos que está más cerca de esta visión conceptual.
En criterio de Arroyo el sistema penal del país es razonablemente efectivo, que procesa y castiga a los ciudadanos que comenten delitos.
Dijo que después de Estados Unidos, Chile y Panamá, Costa Rica ocupa el cuarto lugar en “prisionización”, lo que demuestra que sus procesos penales son efectivos.
Arroyo insistió en que el país ha seguido la política conceptual —y así se ha comprometido a nivel internacional— de que la pena sirve para rehabilitar y reinsertar en la sociedad, lo que no se puede perder de vista.
“El Estado costarricense, dentro de una concepción democrática y de estado de derecho ha dicho: este país se compromete a sancionar penalmente a las personas que infringen la ley, pero en el sistema penal se van a tener los principios y los conceptos necesarios para que esa pena sirva de vehículo de reinserción social”.
“Esto es un ideal democrático y un compromiso del Estado costarricense que no se puede perder de vista cada vez que se quiere hacer una reforma en esta materia”.
Por último aseguró que precisamente la libertad condicional que se otorga a los reos es uno de los institutos que está más cerca de esta visión conceptual.
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