Alto a la impunidad de la ''Violencia contra las Mujeres'' - TicoVisión 
- Pronunciamiento de la Defensoría en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
- País obligado a garantizar acceso a la justicia en caso de mujeres víctimas de la violencia.
25 de Noviembre de 2011 | TicoVisión | Redacción - | Categoria | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Alto a la impunidad de
la ''Violencia contra las Mujeres''
En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Defensoría de los Habitantes afirma la necesidad que tiene el país de eliminar la impunidad en los casos de violencia de género y lograr que la lucha en contra del femicidio realmente sea efectiva.
El deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia en el caso de las mujeres víctimas de violencia también se encuentra enmarcado dentro de los compromisos internacionales relacionados con la debida diligencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Defensoría es clara en señalar que la Violencia Estructural contra las mujeres es un fenómeno multicausal y multidimensional que requiere de una atención integral por parte del Estado y la sociedad, pues la violación de los derechos de las mujeres es un efecto consustancial de la relación de poder que se ejerce en su contra.
En ese sentido, la Defensoría considera prioritario que el Estado a través, del
El deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia en el caso de las mujeres víctimas de violencia también se encuentra enmarcado dentro de los compromisos internacionales relacionados con la debida diligencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Defensoría es clara en señalar que la Violencia Estructural contra las mujeres es un fenómeno multicausal y multidimensional que requiere de una atención integral por parte del Estado y la sociedad, pues la violación de los derechos de las mujeres es un efecto consustancial de la relación de poder que se ejerce en su contra.
En ese sentido, la Defensoría considera prioritario que el Estado a través, del
INAMU, cumpla con las obligaciones asignadas de proveer el acompañamiento, asesoramiento jurídico y la representación legal necesarios para garantizar los derechos de las víctimas con las mismas atribuciones y facultades de la Defensa Pública en cada una de las etapas del procedimiento judicial y debidamente adaptadas al procedimiento de violencia doméstica en protección de las mujeres víctimas de violencia, como así lo señala las recomendaciones del Comité de la CEDAW.
También es necesario que se apruebe una ley especial contra la trata de personas y actividades conexas que contemple las necesidades de las mujeres víctimas de este flagelo y que articule las acciones para prevenir, sancionar y erradicar este delito.
Asimismo se debe mejorar el sistema de recolección de datos y estadísticas desagregadas por sexo, que permita visualizar la interseccionalidad de las discriminaciones y condiciones que sufren las mujeres víctimas de violencia.
Es importante a su vez, garantizar la existencia de albergues para las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, con servicios de calidad y cobertura regional.
Finalmente, el Estado debe asegurar el acceso a la justicia de las mujeres en los procesos de pensión alimentaria, simplificando los requisitos de presentación de la demanda y además, garantizar la aplicación del Estatuto de Refugio a las mujeres que sufren violencia de género.
También es necesario que se apruebe una ley especial contra la trata de personas y actividades conexas que contemple las necesidades de las mujeres víctimas de este flagelo y que articule las acciones para prevenir, sancionar y erradicar este delito.
Asimismo se debe mejorar el sistema de recolección de datos y estadísticas desagregadas por sexo, que permita visualizar la interseccionalidad de las discriminaciones y condiciones que sufren las mujeres víctimas de violencia.
Es importante a su vez, garantizar la existencia de albergues para las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, con servicios de calidad y cobertura regional.
Finalmente, el Estado debe asegurar el acceso a la justicia de las mujeres en los procesos de pensión alimentaria, simplificando los requisitos de presentación de la demanda y además, garantizar la aplicación del Estatuto de Refugio a las mujeres que sufren violencia de género.
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