Tegucigalpa, Honduras

En una sesión maratónica y a puertas cerradas, el Congreso Nacional aprobó la noche del miércoles la ley que crea los mecanismos para agilizar el proceso de asignación, venta o subasta de bienes, productos, instrumentos o ganancias provenientes de todo tipo de actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, el hurto y lavado de activos.

Se trata de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, una legislación que urge ser puesta en práctica debido a que, producto de la lucha contra la criminalidad, las autoridades de la Policía y el Ministerio Público han incautado una gran cantidad de bienes a los que no les ha podido dar uso, debido a que las leyes del país no permiten la confiscación y en consecuencia se están deteriorando en garajes y bodegas del Estado.

La aprobación de esta ley es una respuesta a la investigación exclusiva que hizo EL HERALDO en noviembre de 2009 e inicios de febrero de 2010, donde se alertó sobre el abandono y posible deterioro de una gran cantidad de "narcoavionetas" bajo custodia de la Fuerza Aérea.

Producto de esa investigación, las autoridades prometieron agilizar la declaratoria de abandono o subasta; sin embargo, ello no ha sido posible a falta de la ley que regule el procedimiento.

Los diputados decidieron aprobar esta ley en forma secreta para evitar represalias por parte del crimen organizado que resulta afectado con la expropiación de bienes, productos o ganancias de su actividad ilícita.

Objetivos

De acuerdo con la nueva ley, la acción de privación definitiva del dominio de los bienes está dirigida exclusivamente contra la forma ilícita o delictiva de apropiación o de tráfico ilícito de esos bienes, o contra las ganancias derivadas que constituyen un enriquecimiento indebido.

La ley establece que "la persona que caiga en investigación del Ministerio Público y que no pueda justificar el origen legal de cualquier bien le será requisado y en un tiempo prudencial le será incautado de forma definitiva, pasando por un proceso legal hasta lograr una sentencia en los tribunales mediante la cual esos bienes pasan a dominio del Estado, el que los podrá asignar a las instituciones que luchan contra la criminalidad, vender o subastar y sus recursos distribuirlos a las mismas instituciones".

La nueva ley crea nuevas figuras como la confiscación, el comiso, la entrega vigilada, las operaciones encubiertas y el informante, algunas de ellas se han utilizado mediante procedimientos judiciales, pero ahora permitirán dar celeridad a los casos.