enfoque cortoplacista e insuficiente- que la represión y la cárcel son los instrumentos idóneos para garantizar la seguridad ciudadana, es evidente que las acciones estatales han sido omisas en una correcta planificación al respecto. En términos legislativos, por ejemplo, los últimos años se han caracterizado por aprobar el aumento de penas y la modificación de normas procesales para garantizar mayor prisionización, pero en contraste, desde el ejecutivo no han existido acciones que garanticen los recursos necesarios  para atender ese predecible aumento de la población penitenciaria.

Como Defensoría, hemos dicho también, que es urgente intervenir en distintas áreas de la atención a las personas privadas de libertad, tales como sobrepoblación, hacinamiento, infraestructura, salud, falta de personal idóneo, valoraciones técnicas, acceso al trabajo, acercamiento familiar, relaciones de convivencia, abuso de autoridad y otros; pero las acciones han sido débiles y aisladas.

En el año 2010, por ejemplo, la sobrepoblación en  los centros penitenciarios fue de un 22% (1822 personas), para el mes de marzo de 2011, el porcentaje se incrementó a un 38% y sigue creciendo. Eso significa hacinamiento total; personas durmiendo en el suelo, sin una espuma o cobija y en condiciones cada vez más adversas, deplorables y a contrapelo de los derechos de quienes se encuentran en reclusión. Así, en infraestructura, pese a esas necesidades, entre el 2005 y el 2009 la cantidad de espacios construidos disminuyó aún cuando existían recursos para ello, los cuales no se ejecutaron. La sub ejecución presupuestaria en el año 2007 fue de 71%, en el 2008 de 87,32% y en el 2009 de un 92,36%. ¿Estado planificador? De ninguna manera. ¿Improvisación? Total. Por eso, no sorprenden los niveles de hacinamiento actuales, en especial a partir del funcionamiento de los Tribunales de Flagrancia y otras reformas procesales de naturaleza represiva, que en esencia buscan poner más personas en la cárcel, sin pensar en un enfoque estructural para el tema de la seguridad ciudadana y la delincuencia.

Tal situación desemboca en otros problemas como: la incapacidad de personal técnico para atender a toda la población penitenciaria (215 o 223 privados de libertad por funcionario en centros como Limón y San Carlos, respectivamente). El hacinamiento que causa relaciones violentas de convivencia, las cuales, no contribuyen con una eventual reinserción en la sociedad. Además, la posibilidad de acceso al trabajo penitenciario como función formativa para crear hábitos laborales, disminuye considerablemente, tanto como la estabilidad emocional y la convivencia, invocadas como justificación de la privación de libertad. Es decir, se trata de una encrucijada que urge resolver; y por eso, aunque garantizar un espacio “mínimo” para dormir o para “pasar el día” es totalmente insuficiente en condiciones de privación de libertad, somos optimistas –y seguiremos siendo vigilantes- en que este préstamo sea el inicio de una verdadera política para abordar la crisis penitenciaria de nuestro país, que finalmente, incluye y afecta  a todas y todos.