Defensoría cuestiona proceso para alzas en servicio de agua - TicoVisión 
Algunas municipalidades acuerdan estos incrementos sin que exista defensa de habitantes a través de audiencia pública.
28 de Febrero del 2012 | TicoVisión | Redacción - | Nacionales | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Defensoría cuestiona proceso
para alzas en servicio de agua
Sala IV estudia acción interpuesta por la Defensoría para que se declare inconstitucional la omisión de regulación normativa en cuanto a la participación ciudadana en la fijación y aumentos de tasas municipales por concepto de alcantarillado sanitario y agua potable ante denuncia de habitantes recibida por la institución durante una gira realizada a San Marcos de Tarrazú.
La Defensoría de los Habitantes cuestionó la ausencia de participación ciudadana mediante audiencia pública durante los procesos de fijación de las tasas por concepto del servicio de agua y alcantarillado sanitario que prestan algunas municipalidades del país.
Luego de una gira realizada en el 2010 a la zona de Los Santos y ante quejas de habitantes del lugar, la Defensoría gestionó en setiembre de ese año una acción ante la Sala IV tendiente a que se declare inconstitucional ese procedimiento pues además de la inexistencia de defensa de los habitantes en la fijación tampoco existe un ente u órgano contralor estatal en esta materia. Es así que en febrero del 2012, la Sala Constitucional comunica que dio curso a la acción y solicitó los informes correspondientes a la Procuraduría General de la República, la Alcaldía de Tarrazú y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
La queja de los habitantes de San Marcos de Tarrazú se enfocó al aumento desmedido de las tarifas municipales por concepto de servicio de agua potable que aplicó el ayuntamiento, sin que de previo ésta hubiere otorgado audiencia pública a la comunidad para escuchar y valorar el criterio de los pobladores sobre la pertinencia y alcance del aumento.
Luego de una gira realizada en el 2010 a la zona de Los Santos y ante quejas de habitantes del lugar, la Defensoría gestionó en setiembre de ese año una acción ante la Sala IV tendiente a que se declare inconstitucional ese procedimiento pues además de la inexistencia de defensa de los habitantes en la fijación tampoco existe un ente u órgano contralor estatal en esta materia. Es así que en febrero del 2012, la Sala Constitucional comunica que dio curso a la acción y solicitó los informes correspondientes a la Procuraduría General de la República, la Alcaldía de Tarrazú y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
La queja de los habitantes de San Marcos de Tarrazú se enfocó al aumento desmedido de las tarifas municipales por concepto de servicio de agua potable que aplicó el ayuntamiento, sin que de previo ésta hubiere otorgado audiencia pública a la comunidad para escuchar y valorar el criterio de los pobladores sobre la pertinencia y alcance del aumento.
Dicho Gobierno Local, en sesión ordinaria del Concejo Municipal número 204-2010 del 20 de abril del 2010, aprobó un aumento de tarifa domiciliaria fija que pasó de ¢1.900 a ¢4.700, en tanto que para negocio comercial el ajuste consistió en un aumento de la base de ¢11.000 a ¢60.000, bajo el argumento de que no se había realizado ajustes en tres años. A ello se sumó que no existió un acuerdo formal y firme del Concejo Municipal que autorizara el citado aumento.
Para la Defensoría es importante que los aumentos en estos servicios públicos no solo se encuentren bien sustentados técnicamente sino también que se permita a la población del lugar inmiscuirse, por la vía de la oposición fundada, en las decisiones que les conciernen, máxime si se toman en consideración que los usuarios a cargo de otros prestadores (como el AyA, por ejemplo) si tienen derecho a participar a través de este mecanismo público que regula la Ley de la Aresep.
“Tampoco se ha determinado un procedimiento legal de participación ciudadana en los supuesto de fijación o aumento, lo que en este caso se traduce en una lesión de diversos derechos fundamentales en cuanto a participación ciudadana, a la salud y al principio de transparencia y de rendición de cuentas en la función pública que corresponde a las corporaciones municipales”, expresó el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Fallas Acosta.
Para la Defensoría es importante que los aumentos en estos servicios públicos no solo se encuentren bien sustentados técnicamente sino también que se permita a la población del lugar inmiscuirse, por la vía de la oposición fundada, en las decisiones que les conciernen, máxime si se toman en consideración que los usuarios a cargo de otros prestadores (como el AyA, por ejemplo) si tienen derecho a participar a través de este mecanismo público que regula la Ley de la Aresep.
“Tampoco se ha determinado un procedimiento legal de participación ciudadana en los supuesto de fijación o aumento, lo que en este caso se traduce en una lesión de diversos derechos fundamentales en cuanto a participación ciudadana, a la salud y al principio de transparencia y de rendición de cuentas en la función pública que corresponde a las corporaciones municipales”, expresó el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Fallas Acosta.
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