Considera la Defensoría que ante las tensiones y manifestaciones de violencia que se han presentado en los últimos días en esta comunidad indígena lo que corresponde,  aún y cuando no exista impedimento legal para autorizar dicha Asamblea, es ordenar su suspensión, pues prevalece  un mandato superior de justicia que justifica, por prevención y responsabilidad, la cancelación  de dicha convocatoria; así como la  intervención de las respectivas instituciones para restablecer la paz social y hacer valer el respeto de las personas indígenas.

Preocupa a la Defensoría, y así lo ha manifestado en  reiteradas ocasiones, que la  Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad, y su  reglamento,  no se adecúen a la realidad que viven los territorios indígenas,  ya que en estas comunidades las Asociaciones de Desarrollo se han convertido en representantes legales de todos sus pobladores, contrario a lo que ocurre en el resto del país.