"Antes del acceso a la UE era, paradójicamente, más fácil recibir dinero para acciones y publicaciones más radicales", dijo Alina Synakiewicz de la ONG polaca Feminoteka. "Ahora, aunque hay dinero disponible, es entregado con la intermediación gubernamental, lo que significa que el gobierno lo canaliza de la forma que quiere".

En el mejor de los casos, las ONG "se vuelven creativas" y logran alinear sus prioridades con las agendas de sus gobiernos. En el peor, simplemente se les niegan los fondos.

Un ejemplo resaltante de la marginación de las iniciativas de género en una agenda nacional conservadora se produjo en Polonia.

En 1993, el aborto fue ilegalizado en ese país y, hasta la fecha, el acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual sigue siendo restringido. Los médicos pueden invocar una "cláusula de conciencia" para negarse a dar recetas para el control de la natalidad.

Activistas por la igualdad de género señalan que esos límites a los derechos reproductivos se deben principalmente a la fuerte influencia que tiene la Iglesia Católica polaca en el Estado y en toda la sociedad.

El año pasado, activistas intentaron introducir en el parlamento un proyecto de ley sobre derechos reproductivos, teniendo como principales puntos una legislación sobre aborto, provisiones para hacer los contraceptivos más accesibles y baratos, educación sexual científica obligatoria en las escuelas y apoyo estatal para la fertilización in vitro.

Su esfuerzo para reunir las 100.000 firmas necesarias fracasó debido al bloqueo mediático a la iniciativa, así como a la falta de fondos y apoyo. Incluso algunas ONG que trabajan en temas de mujeres se distanciaron de este esfuerzo, por desconfiar de su éxito.

"Lo que lamentablemente cambió en los últimos 20 años en Polonia es que todo el espacio público pasó a estar dominado por terminología propagada por la Iglesia (católica)", señaló Elżbieta Korolczuk, una de las promotoras de la iniciativa.

"No solo el público general, sino también gran parte de nuestros círculos de activistas no creen que sea posible cambiar la ley cuando se trata de derechos reproductivos en Polonia en un futuro cercano", indicó.

Korolczuk, sin embargo, dijo que la lucha continuará, aun en un clima desfavorable.

Mientras, en toda Europa central y oriental, activistas por la igualdad de género ganan luchas a diario, más allá de la indiferencia o la resistencia de autoridades nacionales.

Uno de los temas más difíciles de encarar en la región durante las últimas dos décadas ha sido la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

El financiamiento con fuentes nacionales sigue siendo escaso para grupos que trabajan contra la violencia de género, lo que no solo reduce su capacidad -algo ya muy problemático considerando que son las ONG las que más trabajan en este campo-, sino también el número de refugios para las víctimas.

La legislación sobre violencia doméstica también ha avanzado a los tropezones. La mayoría de los países de Europa central y oriental han aprobado leyes de ese tipo, pero los textos por lo general carecen de provisiones con órdenes de restricción contra agresores.

A fines de febrero, luego de dos años de intensa campaña por parte de las ONG, el parlamento de Rumania finalmente aprobó una enmienda a la ley nacional que regula la aplicación de órdenes de restricción a los perpetradores de la violencia doméstica.

Hace dos años, Cristina Horia, de la Fundación Sensiblu, uno de los principales grupos que trabaja contra la violencia de género y doméstica en Rumania, dijo a IPS que "la participación de las instituciones estatales en el tema de la violencia doméstica es limitado, siendo a lo sumo partidarias y socias, pero nunca iniciando las campañas".

En los últimos dos años, las autoridades nacionales y locales han mejorado su actitud, aunque "brechas sistemáticas" siguen impidiendo un pleno involucramiento en el problema de la violencia de género, señaló Horia, cuya fundación organizó una gran campaña pública sobre el tema en 2009.

Entre las brechas, Horia señala "la escasa financiación de los sistemas de asistencia social, el número insuficiente de refugios para mujeres afectadas, la falta de una estrategia nacional para afrontar la violencia doméstica y la falla de las autoridades a la hora de de proteger a las víctimas e implementar castigos a los agresores".

Además, suma "la insuficiente preparación de la policía y de los servicios públicos para actuar en forma competente".

Hay una sensación de que las ONG a favor de los derechos de las mujeres en Europa oriental y central operan en una realidad muy diferente de la descrita por sus autoridades nacionales en informes a los organismos internacionales, llenos de buenas intenciones y compromisos sobre igualdad de género.

Una prueba sobre la dicotomía entre declaraciones y realidad podría ser el análisis de cómo se aplica en la región una de las herramientas más avanzadas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre el tema: los presupuestos sensibles al género (PSG).

Esta herramienta propone transformar los presupuestos nacionales y locales para que registren específicamente las partidas dedicadas al avance de las mujeres y a eliminar las barreras para la igualdad de género. No significa necesariamente volcar más recursos en temas de género, sino usar los existentes de forma que beneficien a la paridad.

Según la economista Elizabeth Villagomez, quien ha trabajado varios años en agencias de la ONU evaluando la posibilidad de introducir esta herramienta en Europa central y oriental, "los PSG no son un tema fuerte en esos países porque la idea y los principios sobre igualdad de género todavía son débiles allí".

"En los países excomunistas, la idea de la igualdad como valor general, incluso cuando se trata de género, no es muy bien aceptada o todavía es mal entendida debido al pasado reciente socialista", afirmó.