En la Carta, los obispos ponen de relieve causas y factores que están obstaculizando el camino hacia una Costa Rica más inclusiva y solidaria.

Consideran que la dinámica mundial de la globalización es un fenómeno irreversible, complejo y contradictorio que tiene rasgos propios de los cuales Costa Rica no puede substraerse.

En sus aspectos positivos, indica, existe mayor conciencia de universalidad, la socialización del conocimiento humano, el mayor acercamiento entre personas lejanas, la superación de muchos aislamientos.

Sin embargo, llaman la atención que tiende a la construcción de un marco cultural global que busca homogenizar las manifestaciones culturales, con la pretensión de anular o, en todo caso, marginar las culturas locales y las expresiones autóctonas, reduciéndolas en algunas ocasiones a simples manifestaciones folclóricas para el turismo.

"La globalización promueve una economía abierta de mercado que genera necesariamente exclusiones socioeconómicas y políticas; favorece un sistema democrático meramente formal y supuestamente representativo en los países, que ha producido una creciente apatía que afecta la participación ciudadana", dicen en su punto octavo.

Sobre su impacto en Costa Rica, constatan unas consecuencias especialmente relevantes de este fenómeno: la rapidez con que suceden las transformaciones en las vidas de las personas y en las formas sociales en que nos organizamos; el cuestionamiento de una visión integral del ser humano que le impide lograr un desarrollo pleno.

Además, la poca capacidad de unir esfuerzos en torno a un proyecto común, aún cuando muchos y diversos actores estamos presentes en la sociedad; el forzado abandono de políticas agrarias solidarias, la promoción de un tipo de turismo que compromete el desarrollo y la sostenibilidad ambiental, así como el menosprecio de los migrantes pobres, la trata de personas.

Igualmente, señalan el fortalecimiento de un modelo económico que ha imperado en los últimos decenios, también mediante la opción por los tratados de libre comercio, y que ha impulsado la "cultura del consumismo".

Sobre la crisis de la Caja Costarricense de Seguridad Social afirman que, "hemos apreciado en los últimos meses, se encuentra atravesando una seria crisis que involucra todo el sistema de salud pública", y califican la situación de "dramática".

Sobre el tema educación, los obispos lamentan la exclusión educativa de tantas personas menores de edad y jóvenes como una de las llagas más dolorosas de nuestro sistema educativo y, en gran medida, de nuestra cultura.

También llaman la atención de que si bien es cierto que las cifras de la llamada "deserción escolar" se han ido reduciendo, "pensamos que se trata de una disminución insatisfactoria. Que miles de adolescentes queden fuera del sistema educativo obedece a diversos factores. Entre ellos es relevante el de la pobreza".

Además, destacan como consecuencia de la deserción el hacinamiento, viviendas de baja calidad, desempleo de padres y madres, ambientes inseguros, carencia de climas educativos adecuados y limitación en el acceso a recursos tecnológicos educativos, presión de la sociedad de consumo -en la que quien no tiene determinados objetos es visto como un ser de categoría inferior-.
 
Pobreza y exclusión

Para los obispos el fenómeno de la pobreza es inseparable de la desigualdad y la exclusión, y en lugar de disminuir, la pobreza sigue aumentando.

"Si hablamos en términos generales, un 21,3% de los hogares del país viven en condiciones de pobreza; sin embargo, el panorama se agrava cuando comparamos las regiones del país, donde las brechas se hacen más profundas. Las regiones Chorotega y Brunca son las que experimentan una incidencia mayor en los niveles de pobreza, contradictoriamente son las mismas regiones donde más ha crecido la infraestructura turística.

Por otro lado, señalan que existe aproximadamente un 13,4% de hogares no-¬pobres que se encuentran en una condición de vulnerabilidad tan alta con respecto a sus fuentes de ingresos, que requieren un abordaje integral para no caer en estado de pobreza (XVII Informe Estado de la Nación, pág. 78).

Al referirse a la violencia social, aseguran que tiene muchas manifestaciones, entre ellas: la violencia de grupos por razones políticas; en las relaciones laborales; la que está vinculada a actitudes discriminatorias y que es padecida no sólo por cuestiones étnicas,; la violencia en las escuelas; la generada por delitos comunes como el robo; la que se da entre generaciones y entre las comunidades; la violencia en el tránsito vehicular, de la que resulta un alarmante número de víctimas, etc.

Consideran que la superación de la violencia requiere ser mejor comprendida. La sociedad necesita verse a sí misma, es necesario profundizar y realizar más estudios sobre este fenómeno.

La Carta llama la atención que el incremento de la violencia causada por organizaciones criminales, distinta de la violencia intrafamiliar y de la que es causada por la delincuencia común, se caracteriza, entre otras cosas, por la crueldad, por la venganza, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a quienes son considerados rivales y a toda la sociedad.

Ecología y participación ciudadana

Los obispos acusan que en relación con el medioambiente, "si bien es cierto que el país siempre se ha promocionado con una imagen de "amigable con el ambiente" y de compromiso con la protección ecológica, en el reciente pasado se han tomado decisiones gubernamentales que han puesto en entredicho esta imagen".

Rescatan que resulta muy esperanzador que muchas comunidades se han organizado para defenderse contra la destrucción o la apropiación indebida de bienes ambientales, en especial por parte de inversionistas extranjeros y nacionales.

"Aunque ha habido una participación activa y consciente por parte de creyentes coherentes con su fe, la problemática ecológica aún sigue siendo un terreno que reclama mayor acompañamiento eclesial. Reconocemos el liderazgo que en estas luchas han tenido muchos de nuestros agentes de pastoral social y el compromiso de muchas personas jóvenes y estudiantes", mencionan.

La carta también dice que aunque se han hecho esfuerzos por mejorar el acceso de la población al recurso hídrico, al punto de alcanzarse una cobertura nacional casi total, lo que coloca al país en el primer lugar de la región latinoamericana, no dejan de suscitarse problemas, principalmente con la manera en que realizamos las actividades productivas y en particular las agrícolas y pecuarias; así como el consumo creciente de hidrocarburos y de agroquímicos y el poco aprovechamiento de alternativas más amigables con el ambiente.

Por otro lado, los obispos sostienen que el incremento de monocultivos que de manera extensiva e intensiva han venido realizándose en zonas cada vez más amplias del país, como es el caso del cultivo de la piña, nos muestra un uso de los recursos de la tierra poco sostenible.

La Carta también recuerda que la iglesia ha colaborado en este ámbito con programas como el Plan Zonal de Vulnerabilidad Ambiental y gestión del riesgo, el Proyecto de gestión comunitaria para la reducción de riesgos y desastres y respuesta al cambio climático, proyectos a favor de personas y comunidades afectadas por desastres, y la edición de un Manual de gestión de riesgo y desastres.

Sobre la minería destacaron la decisión del gobierno por decretar una moratoria a la actividad metálica minera a cielo abierto, y la de la Asamblea Legislativa por la prohibición del uso del cianuro en la explotación del oro.

Por otro lado, en el punto 80 señala que en años recientes, muchas comunidades de la zona costera se han venido organizando para defender su derecho a un entorno sano, a la conservación de los manglares y humedales y al disfrute del agua como un bien fundamental.

Luego en el punto 83, propone que para la construcción de comunidades verdaderamente fraternas y solidarias es insoslayable la integración de la población inmigrante. "Esta constituye en primer lugar una fuente de riqueza intercultural y un gran aporte al desarrollo del país".

Finalmente, hacen un llamado a la honestidad y exhortan a los grupos de pastoral social de las parroquias a fortalecer aún más su acción, mediante el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, e involucrarse en aquellas actividades que miran al bien común, al establecimiento de una sociedad más justa y equitativa y al rescate de las instituciones.

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