En el abordaje de esta agenda, las tecnologías de la información y comunicación pueden ser poderosos aliados. Su adecuada aplicación permite fomentar la participación ciudadana, impulsar la transparencia, facilitar el acceso al conocimiento, y estimular la generación de riqueza fundamentada en la innovación.

Para una economía como la de mi país, cuya principal ventaja competitiva es la calidad de nuestro recurso humano las tecnologías digitales constituyen un instrumento crucial para potencia el conocimiento y la  innovación.
 
Las tareas a que esta Cumbre nos convoca debemos emprenderlas en contextos nacionales muy diversos, y en un hemisferio que refleja esa diversidad. Pero nuestra heterogeneidad, lejos de ser un escollo, debe convertirse en palanca para la integración y la cooperación.

Defendamos nuestros principios, pero, a la vez, seamos realistas. Valoremos nuestras tradiciones, pero también abrámonos al futuro. Y evitemos que anquilosados atavismos ideológicos, o la búsqueda de culpables en nuestro pasado, nos impidan comprender la realidad y abrazar la evidencia empírica como guía para las políticas públicas.

En apego a ese realismo, a menudo poco grato, deseo reflexionar sobre dos riesgos que se han truncado en cruda realidad, para mi país y el resto de los países de Centroamérica.

Me refiero en primer término a los desastres naturales que como consecuencia del cambio climático se expresan con especial crudeza en los países ubicados en la franja tropical. Año con año experimentamos la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura física y social.  Para un país como Costa Rica, considerado el más verde de nuestro hemisferio y que tanto ha comprometido con la sostenibilidad ambiental, resulta incomprensible que, año con año, tengamos que pagar la factura por las omisiones de otras naciones altamente contaminantes. La Cumbre Río 20, se convierte en una nueva oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad, y sostenibilidad ambiental y con la adopción de medidas concretas que nos permitan afianzar dichos compromisos.

El segundo riesgo al que estamos expuestos en la región Centroamericana, es el de la feroz arremetida del crimen organizado transfronterizo.

Para Costa Rica, el componente más importante de su estrategia nacional de seguridad y combate al crimen organizado, ha sido la prevención del delito mediante la inversión en capital humano y la construcción de una sólida institucionalidad sustentada en el respeto al Estado de derecho y la democracia.  Estos componentes, junto con una efectiva acción policial,  han permitido a mi Gobierno mejorar la seguridad cotidiana de nuestra población.  Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, tenemos el índice más bajo de homicidios de Mesoamérica, pero es mucho más alto que el de hace una década. Por ello, el  fenómeno de la inseguridad nos genera una angustia sin tregua.

Estoy convencida de que la mejor protección frente al crimen organizado es una sociedad capaz de generar oportunidades y mantener una institucionalidad con altos estándares de transparencia, eficiencia e integridad.  Pero las coyunturas y los entornos también son factores determinantes en el éxito que buscamos obtener. En el caso de Centroamérica, implican enormes desventajas. Nuestra región es víctima de una geopolítica perversa. Ubicada entre grandes centros de producción y el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, hemos sido enganchados a un convoy de muerte y destrucción.

Para conjurar este desafío, todos los países envueltos en esta ecuación tenemos responsabilidades compartidas, pero también diferenciadas. Los centroamericanos hemos aceptado las cargas que nos competen. Sin embargo, nuestros esfuerzos, aún imperfectos, no han recibido todavía el adecuado apoyo por parte de la comunidad internacional.  

Ante esta realidad no pedimos regalías, sino verdadera coordinación, adecuada cooperación, y sobre todo, una discusión franca y rigurosa para garantizar mayores balances en las estrategias hasta ahora emprendidas.

Hoy sabemos que los abordajes de lucha contra el narcotráfico aplicados durante las últimas décadas no han resuelto el problema, simplemente lo han desplazado de una nación a otra con altísimos costos. Es evidente que debemos revisar el enfoque predominante hasta ahora que presenta el problema como el de una “guerra contra las drogas”. Costa Rica, por su tradición de paz, sin fuerzas armadas y por el legado que queremos preservar para las futuras generaciones, se niega a ser arrastrada a estrategias que han puesto acento en la acción militar, altamente costosa, e intensivas en la pérdida de vidas humanas.  

Debemos abordar el fenómeno del narcotráfico, al menos, desde cuatro perspectivas: como un problema de salud pública que no debe criminalizar el consumo de drogas; como una prioridad de nuestros sistemas educativos, para poder prevenirlo; como un reto de más transparencia e integridad en nuestra  institucionalidad, y como un asunto fuertemente tutelado por el Estado Derecho.  Además, debemos entenderlo como un problema global que extiende sus tentáculos a todo el mundo y no sólo a unos pocos países, por lo que debemos buscar respuestas que también se articulen a escala global. Es hora de fortalecer la institucionalidad regional y global de tal forma que las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, adopte en su agenda el problema del narcotráfico en Centroamérica como un tema prioritario.

Los presidentes de la región hemos coincidido en una estrategia mínima común, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que supone un abordaje integral del problema. Logramos, además, que la comunidad internacional dirigiera sus ojos y algunas promesas hacia nosotros. Está por verse si las estrategias se transformarán en acciones eficaces, y si contaremos con suficiente apoyo externo para impulsarlas.  Sin embargo,  el temor o la censura no deberán privarnos del derecho a debatir con rigurosidad, escenarios alternativos a las estrategias de siempre.

Estimadas y estimados colegas:

Es hora de que quienes luchamos por el bienestar de nuestros pueblos pongamos en práctica una coordinación aún mayor; una verdadera integración de esfuerzos para frenar el embate de la violencia y, sobre todo, para definir y emprender mejores rutas hacia la paz, la libertad y el desarrollo.

Las mayores responsabilidades son nacionales. Pesan sobre cada Gobierno. Pero los resultados serán más sólidos si nos conectamos como verdaderos socios para la prosperidad. Hagámoslo con espíritu abierto y democrático; con franqueza y sentido autocrítico; con respeto hacia nuestros conciudadanos y nuestros vecinos; con realismo y transparencia; con sentido de nuestros deberes y apego a nuestras ilusiones.

Hagámoslo como gobernantes responsables, hacia nuestros países y hacia el hemisferio.