las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99% restante.
Tras la lectura del texto, en el que los presentes han acompañado con aplausos y vítores la lectura de los artículos fundamentables de la norma, la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dirigido al país para defender su contenido.
"Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión", ha afirmado Fernández de Kirchner.
Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, ha señalado, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo, antes de aludir a la "desnacionalización" a finales de los años noventa como uno de los grandes "problemas" del país.
Cristina Fernández ha señalado que en Argentina no se maneja la estatización, sino un modelo de recuperación, soberanía y control para garantizar el funcionamiento de las empresas y de los recursos del Estado.
Remisión de texto El texto, en el que se indica que el poder Ejecutivo argentino actuará como "expropiante" de la empresa, será remitido hoy mismo al Parlamento argentino.
Una vez asumido el control de la empresa por parte del Estado, la transferencia de las acciones solo podrá realizarse mediante la "autorización honorable" del Congreso de la Nación, indica la norma.
El día en que se apruebe la nacionalización, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina convocará una junta general de accionistas en la que se producirá la destitución de los actuales directivos de la empresa.
A las riendas El actual ministro argentino de Planificación Federal, Julio de Vido, será el "interventor" de YPF, ha explicado Cristina Fernández.
De Vido estará acompañado en la gestión de YPF del actual viceministro de Economía, Axel Kicillof, y asumirá sus funciones un día después de la entrada en vigor de la norma, que ha sido remitida este lunes al Congreso y será aprobada en las próximas semanas.
De Vido, cuya carrera política comenzó en la provincia de Santa Cruz, ocupa su actual responsabilidad desde 2003, año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia del país. Como responsable de Planificación, ha sido uno de los encargados de supervisar en los últimos años las relaciones con Repsol.