"Estamos conscientes que le hemos fallado a Dios y a la sociedad y en nombre de toda mi pandilla, la MS-13, quiero pedirle perdón a la sociedad y que nos den una oportunidad de poder cambiar", dijo el jefe de esa organización de pandilleros, Dionisio Umanzor, en una misa celebrada el 26 de marzo en la prisión de Ciudad Barrios, en el oriental departamento de San Miguel.

 Sin embargo, estos grupos no han dicho que dejarán de cometer otros delitos, como la extorsión, que afecta a buena parte de los 6,2 millones de habitantes.

 Diferentes encuestas en los últimos años muestran que la violencia es el principal problema para los salvadoreños.

 El 14 de abril, el presidente Mauricio Funes dijo ante sus pares reunidos en la VI Cumbre de las Américas en Colombia, que ese día había ocurrido algo "inédito": era el primero en décadas sin un solo reporte de asesinato, aunque finalmente sí hubo un homicidio en esa jornada.

 Según un reportaje publicado por el diario digital El Faro el 14 de marzo, a cambio de que los pandilleros pusieran fin a los asesinatos, el gobierno se comprometió a trasladar a prisiones con menos restricciones a los líderes históricos de esos grupos, recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como "Zacatraz" y ubicado en el central departamento de La Paz.

 El gobierno negó participación en el acuerdo entre las "maras", como se las conoce popularmente, aunque admitió haber efectuado los traslados de los pandilleros a pedido del mediador de la Iglesia Católica, el obispo Fabio Colindres.

 "Mi petición ha tenido un eco y ha dado como resultado la reflexión del problema más profundo que tiene este país, la criminalidad", dijo Colindres a IPS.

 El fenómeno de las maras nació en la década de 1980 en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, entre centroamericanos que se impregnaron de la vida de las pandillas criminales de ese país y que luego fueron deportados.

 La pobreza y la marginación fueron el caldo de cultivo para que los jóvenes centroamericanos sin futuro engrosaran las filas de las maras.

 "Yo me hice pandillero en Los Ángeles como en 1978, y sufrí marginación en los Estados Unidos y también de regreso en mi país, sin oportunidades laborales ni nada", dijo a IPS el salvadoreño Luis Romero, un pandillero retirado que dirige la organización Homies Unidos, dedicada a la reinserción social de los mareros.

 Romero cree que la coyuntura positiva de la tregua entre pandillas es la mejor oportunidad que ha existido para enfrentar el fenómeno, atacado tanto en el pasado como en el actual gobierno con métodos más represivos que preventivos.

 "Algo como esto lo hemos estado esperando por años, es un rayo de esperanza", dijo.

 Para Jeannette Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, hay que celebrar la reducción de los homicidios. Pero preocupa que no sea producto de una política pública que entrañe una voluntad del Estado de ofrecer prevención y reinserción.

 "Una situación como la que se vive en El Salvador solo se resuelve de manera sustentable a partir de una política pública con acciones de corto, mediano y largo plazo", dijo Aguilar a IPS. Y esa política debe incluir las propuestas del resto de la sociedad civil.

 "Me preocupa esta coyuntura, porque hay mucha impredictibilidad", agregó.

 Funes llamó el 28 de marzo a que todos los sectores del país participaran de un acuerdo nacional para la apertura de oportunidades a los pandilleros que quieran reinsertarse a la sociedad.

 En ese esfuerzo, los empresarios tendrían una importante rol que cumplir, en materia de empleo a personas tradicionalmente discriminadas por los tatuajes que las identifican como pertenecientes a una u otra pandilla.

 Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad anunciaron a mediados de este mes el programa Parques Laborales, con un costo de 20 millones de dólares, dirigido a que los reclusos puedan aprender un oficio que los prepare para el momento en que obtengan la libertad.

 Para Gutiérrez, este es uno de los mayores retos en medio de la difícil situación económica del país y del mundo, que dificulta la obtención de recursos para echar a andar un proyecto sostenible de reinserción.

 De momento, los pandilleros han planteado al gobierno que destine los 42 millones de dólares anuales con que el Estado subsidia a las empresas de transporte colectivo –principal blanco de las extorsiones de las maras– a programas de reinserción. Los transportistas rechazaron de plano esa posibilidad.