La ley, de inminente promulgación por Fernández, declara "de interés público" el autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y expropia con igual argumento casi 89 por ciento de las acciones de la firma transnacional de origen español Repsol en YPF, pasando así a manos del Estado el 51 por ciento del consorcio.

Ese total expropiado se reparte entre el Estado nacional y las provincias productoras de hidrocarburos. El 49 por ciento restante de YPF se distribuye entre el grupo privado argentino Petersen, que mantiene 25 por ciento de las acciones, Repsol, que retiene seis por ciento, y títulos fluctuantes negociados en los mercados de valores.

De este modo se cierra el círculo. Creada como empresa estatal en 1922, la entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue privatizada en dos etapas por los sucesivos gobiernos neoliberales de Carlos Menem (1999-2009). En 1992 se erigió en sociedad anónima con la incorporación de accionistas privados y en 1999 fue vendida a Repsol.

Junto con el envío del proyecto, el gobierno centroizquierdista de Fernández también había decretado la intervención temporal de la empresa por 30 días.

Todos por la expropiación

Horas antes de la votación, la presidenta admitió que la expropiación planteará "un gran desafío" para alcanzar una petrolera "moderna y competitiva, alineada con los intereses del país".

Según versiones periodísticas locales, ya se está a la búsqueda de profesionales para conducir la firma de modo definitivo.

El ingeniero argentino Miguel Galuccio, especialista en asuntos petroleros formado en YPF antes de ser privatizada y con amplia experiencia internacional, aparece como el principal candidato a ocupar ese cargo y, según publican los diarios bonaerenses Ámbito Financiero y La Nación, ya habría sido convocado por Fernández para tal fin.

En los fundamentos (http://www.senado.gov.ar/YPF.pdf), la ley señala que entre 1998 y 2011 la producción total de petróleo en el país se contrajo en 15,9 millones de metros cúbicos, 8,6 millones de los cuales fueron responsabilidad de YPF, que redujo drásticamente las exploraciones.

Del promedio anual de 110 pozos exploratorios que realizaba la compañía durante la gestión estatal entre 1970 y 1992, se pasó a solo 30 pozos en 2010. Desde entonces, la economía requirió crecientes volúmenes de combustible importado para sostener su crecimiento constante.

También se subraya en el texto que la producción total de gas, un insumo clave para la generación de electricidad en Argentina, cayó en 6,6 millones de metros cúbicos entre 2004 y 2011, de los cuales 6,4 millones correspondieron a YPF.

"Vale decir que la firma fue responsable de 54 por ciento de la caída de la extracción de petróleo y de 97 por ciento de la merma en la producción de gas", concluye el texto de la iniciativa.

Con este declive, YPF perdió relevancia en el sector energético local. Su participación en la producción, que era de 42 por ciento en 1997, cayó a 34 por ciento en 2011. Las reservas de petróleo se redujeron 50 por ciento y las de gas 56 por ciento.

Frente a este panorama, legisladores del gobernante Frente para la Victoria, aliados y la mayor parte de la oposición votaron a favor de la ley sin modificar el proyecto original.

El cineasta Fernando "Pino" Solanas, diputado del opositor Proyecto Sur, apoyó la iniciativa oficial tras repasar en el recinto su resistencia a la privatización de YPF en los años 90, que le costó un atentado a balazos que afectó sus piernas.

El futuro incierto

Sin embargo, subsisten las dudas por el futuro de YPF, como las planteadas por el IAE en un documento favorable a la recuperación del control estatal, pero crítico del proyecto del gobierno. Sostiene que la expropiación aprobada no garantiza que se vaya a revertir la merma en la producción de hidrocarburos.

Tampoco asegura que vaya a "atraer inversiones indispensables para alcanzar el autoabastecimiento que proclama como objetivo", agrega.

Rabinovich sostuvo que para avanzar en una política energética sustentable y de largo plazo hace falta, en primer lugar, "una nueva ley de hidrocarburos que brinde al inversor un marco jurídico que permita desarrollar la actividad".

La ley vigente es de 1967, cuando todo el sector pertenecía al Estado nacional. Hoy los recursos son de las provincias, gracias a la reforma constitucional de 1994, y las firmas explotadoras y de comercialización cambiaron de manos.

El IAE considera necesario crear una entidad de hidrocarburos que siga el modelo de la Agencia Nacional de Petróleo creada por la firma brasileña Petrobras, controlada por el Estado, a fin de contribuir a su transparencia y a la formación de recursos humanos.

"Se requiere mucho más que la expropiación de Repsol", remarcó Rabinovich. Por su parte, el diputado Claudio Lozano, del centroizquierdista Frente Amplio Progresista, también expresó a IPS sus reparos. El bloque opositor que integra votó dividido en el Senado y unido a favor de la iniciativa en la cámara baja.

Lozano, que es economista, consideró necesario ir más allá de la nacionalización de YPF. Propuso avanzar sobre 100 por ciento de la firma y recuperar la capacidad de regulación del Estado sobre todo el sector.

"Estamos trabajando solo sobre 34 por ciento del petróleo y 23 por ciento del gas, que es lo que tenía YPF, pero hay que ir por todo el sector", advirtió.

Lozano indicó que, además de una renovada ley de hidrocarburos que fije un marco para la actividad, resulta imperioso derogar los decretos de desregulación de 1992 que permitieron a las firmas petroleras privadas que operan en el país capturar la mayor parte de la renta del sector.

"El artículo primero de la ley, que declara de interés público (…) toda la actividad hidrocarburífera, no tiene traducción operativa si no se eliminan esos decretos que están en contradicción con sus objetivos", remarcó.

Sin eliminar esos decretos de 1992, advirtió, se corre el riesgo de que la nueva YPF "pase a ser la socia boba" de la actividad energética.