La acusación fue presentada el pasado 4 de agosto por el congresista Cléver Jiménez y otros dirigentes opositores, quienes manifestaron que lo hacían por formalismo, pues su objetivo es llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).
Los denunciantes aseguran que Correa ordenó al Ejército disparar contra un hospital donde estuvo retenido varias horas durante la insurrección policial. Diez personas murieron durante la jornada, cinco de ellas en Quito, donde tuvieron lugar los mayores desmanes.
El 30 de septiembre de 2010, cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial y cercaron el hospital donde el mandatario se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta.
El gobernante, quien fue rescatado de allí en un operativo militar, denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos que estaban bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo.
Jiménez pidió la renuncia del presidente poco después de iniciada la insubordinación.
Un informe de las Fuerzas Armadas asegura que el rescate fue concertado con el mandatario al determinarse que estaba en "peligro inminente" por las amenazadas de muerte lanzadas a través de la radio policial.