viables para ir, o si es más una decisión que tiene otros oscuros motivos", agregó.

 El CEO, con sede en Bruselas, es una organización de investigación y activismo que trabaja para exponer y desafiar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las corporaciones y sus grupos de presión en la elaboración de políticas de la UE.

 En la conferencia que tendrá lugar del 20 al 22 de junio, a dos décadas de la Cumbre de la Tierra de 1992, líderes mundiales, junto con miles de participantes de gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros grupos, se reunirán para definir una agenda global a fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y garantizar la sostenibilidad ambiental.

La cumbre Río+20 es "el fin de un proceso que viene ocurriendo durante meses, y la responsabilidad del Parlamento Europeo debería haber sido controlar y garantizar a lo largo de todo el proceso que la Comisión Europea desempeñara un rol adecuado en las negociaciones para promover un cambio" con la mira puesta en socieades más sostenibles, dijo Balanya.

 También recordó que la Comisión Europea ha impulsado principalmente "un mayor rol de las corporaciones en la cumbre Río+20 y procesos relacionados con la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

 Esta política europea "promoverá aun más la privatización de la naturaleza, beneficiando solo a una ínfima minoría, y no intentará un cambio en el actual modelo de consumo y producción. Por lo tanto, no ayudará a resolver la crisis ambiental", dijo.

 "Estas políticas europeas sin dudas no beneficiarán a los pobres", agregó Balanya.

 Representantes de organizaciones no gubernamentales en Alemania dijeron que la decisión del Parlamento Europeo era "extraña". Un experto en desarrollo radicado en Berlín, que pidió no ser identificado, declaró a IPS que "las organizaciones de la sociedad civil están enviando delegados a Río sin incurrir en horrendos costos hoteleros".

 Jo Leinen, integrante del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y quien se suponía viajaría a Río como parte de la delegación del bloque, calificó la decisión de "lamentable".

 En una entrevista con IPS, Leinen sostuvo que la ausencia del Parlamento Europeo en Río+20 "es un gran déficit".

 "Deberíamos estar allí, pero hay un cartel de hoteles en Río que abusa de la conferencia para pedir precios irresponsables", afirmó.

 Leinen admitió que las políticas ambientales europeas están por lo menos estancadas.

 "Europa todavía está en la vanguardia de las políticas mundiales sobre ambiente y sostenibilidad, pero la actual crisis financiera y económica está cambiando las prioridades", dijo.

 "La UE debe mejorar en la reducción del consumo de recursos" y potenciar la solidaridad con el mundo en desarrollo, señaló Leinen. "Pero ahora los gobiernos europeos tienen otros problemas urgentes que resolver".

 En la previa de Río+20, la UE promueve activamente el concepto de una economía verde, pero sin definir realmente el término.

 Organizaciones ambientalistas europeas y gobiernos de países en desarrollo, especialmente los representados en el Grupo de los 77, rechazan el concepto por considerarlo un mero ardid de las naciones industrializadas para perseguir sus propios intereses. Entre ellos, particularmente la expansión de los mercados tecnológicos extranjeros, sin tener en cuenta las necesidades del Sur pobre.

 En un análisis sobre las perspectivas de Río+20, Venro, una federación que agrupa a 120 organizaciones no gubernamentales dedicadas al desarrollo en Alemania, dijo que la economía verde es una idea confusa, de la cual "no hay una definición general aceptada".

 Venro concluyó que la economía verde no constituye un nuevo paradigma económico que garantice simultáneamente la sostenibilidad y la reducción de la pobreza.

 También señaló que el primer borrador de la declaración final de Río+20 ha sido rechazado por organizaciones de la sociedad civil y países en desarrollo por no cuestionar "los principios fundamentales de una economía neoliberal, es decir el libre comercio y el crecimiento económico".

 Balanya, de CEO, también urgió a la UE a "dejar de promover este concepto defectuoso de la economía verde, que involucra la expansión de la lógica de los mercados de carbono a otras áreas, como el agua o la biodiversidad".

 En general, las políticas ambientales europeas son un rotundo fracaso, sostuvo.

 Se refirió explícitamente al buque insignia de la UE en materia de clima y ambiente: el Sistema de Comercio de Emisiones.

 En teoría, este "brinda un medio barato y eficiente de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de un tope cada vez más estrecho. Pero en la práctica recompensa a los grandes contaminadores con ganancias imprevistas", destacó Balanya.

 Según ella, en general "la UE ha incorporado el discurso sobre sostenibilidad en muchas de sus políticas y tratados, pero no va más allá de la retórica".

 En realidad, las políticas de comercio e inversiones que promueve el bloque, así como sus políticas ambientales y energéticas, "están alimentando y encerrando un modelo muy insostenible de producción y consumo", añadió.