Quedarse callado el gobierno frente al escándalo de tráfico de influencias, comprobado mediante documentos, de al menos dos ministros, para favorecer la contratación de la empresa de la esposa de uno de ellos, que además fungía como asesora presidencial.

Proponer la aprobación de una ley otorgando inmunidad perpetua a los diputados y altos funcionarios de los otros dos poderes, más el TSE, con lo cual se crea una fortaleza de impunidad para que todos: diputados, funcionarios ejecutivos y altos jueces y funcionarios judiciales y electorales, puedan delinquir abiertamente, sin temor a que se pueda incoar una causa en su contra.

Abandonar totalmente este gobierno los temas que tienen que ver con derechos humanos de minorías, argumentando que primero hay que solucionar los problemas de déficit fiscal.

Mantener en cargos públicos o diplomáticos, como el caso del exdiputado Sánchez, en el Vaticano, a auténticos delincuentes o sobre los que pesan gravísimos cuestionamientos éticos.

Hacerse la vista gorda ante los grandes deudores de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque sus propietarios son amistades de los actuales gobernantes o porque aportaron fondos a la campaña política del Partido Liberación Nacional, por sumas que ascienden a los miles de millones de Colones. Y Lo mismo con los empresarios o empresas que no tributan lo que debieran (evasiones descaradas) con  la bendición del Ministerio de Hacienda y amparándose en la confidencialidad de los datos tributarios.

Continuar gravando con más impuestos a los combustibles (ya superan el 50% de su precio al consumidor) de forma automática y sin razón alguna para ello, con lo cual se encarece toda la actividad económica del país y se empobrece aún más a los ciudadanos.

Permitir que la ARESEP maneje los precios de los servicios públicos como si fueran tributarios de las grandes empresas, públicas y privadas, limitando la posibilidad de que los ciudadanos puedan argumentar en contra de sus arbitrariedades.

Continuar con la práctica en las organizaciones del Estado de alquilar por sumas astronómicas edificios de allegados al partido político en el gobierno, para instalar allí sus oficinas, en vez de construir sus propias instalaciones, por sumas que saldría más económicas al mediano y largo plazo. O adquirir edificios enteros, como el caso del ICE, que no cumplen con las normas mínimas de seguridad o de circulación, o mal funcionamiento evidente, como el de los ascensores.

Hacer la vista gorda ante la creación de monopolios virtuales, como son los de los lácteos, comercialización de alimentos, transporte público, servicios de cable tv, y otros muchos más.

Haber permitido la “privatización” de ciertos servicios de atención médica de la CCSS, cuando salía más barato comprar los equipos e instalarlos en los hospitales propios, como se ha conocido por medio de la prensa de múltiples caos.

Que el Ministerio Público (Fiscal General) se encuentre en manos de una persona cuestionada por sus actuaciones, en el sentido de proteger a los miembros de su partido político, o de grupos poderosos como la Conferencia Episcopal –por aquello de su intermediación financiera ilegal- y otros muchos más, dándole largas a las investigaciones hasta el punto de que algunas corren el riesgo de no llegar jamás a juicio.

Que un partido político cuestionado por el uso de los fondos de la “deuda política” coloque a uno de sus representantes (convicto comprobado) como Presidente de la Asamblea Legislativa, con el propósito de que el PLN copara las comisiones legislativas, a fin de “meternos goles” a diestra y siniestra. Menos mal que la Sala Constitucional les detuvo su maquiavélico plan, pero ya encontrarán la forma de saltar la valla.

Agarrarse a inmunidades cuando pesan sobre el diputado o funcionario público graves acusaciones ante los tribunales.

Hacer una “piñata” de corrupción con la construcción de la trocha fronteriza, para que empresarios de medio pelo hicieran su agosto con contratos de cosas que no existieron.

Y así podríamos seguir mencionando mil cosas más, que espero que los lectores que comentan las publicaciones las agreguen “generosamente”, para ilustrar a los ciudadanos que leen este medio electrónico.

La pérdida del sentido de la decencia, la incapacidad de percibir el límite de lo vergonzoso como algo que protege los valores comunes de nuestra sociedad, y que por eso debe ser a su vez protegido, no puede responder más que a una debilitación de la interioridad, a una pérdida del valor de lo íntimo, y por tanto, a un aumento de lo superficial, de lo exterior. Estrictamente esto significa pobreza.

Y pobreza es lo que encontramos en todo lo anteriormente señalado. Pobreza intelectual, emocional, sicológica, moral, ética, de formación formal, de la que es producto de la descomposición social aberrante que nos inunda. Pobreza de la superficialidad, de la ignorancia, y en algunos casos hasta de la estupidez patente en decisiones, proyectos de ley y sentencias judiciales.