Ruta 1856, emergencia justificaba no implementar estudios - TicoVisión
Los efectos adversos de la invasión y ocupación militar en isla Portillos persisten y en los territorios circunvecinos tienen un carácter potencial de amenaza, por lo que el país debe estar debidamente preparado.
25 de Mayo del 2012 | TicoVisión | Redacción - | Ambientales | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Ruta 1856, emergencia
justificaba no implementar estudios
Un grupo de costarricenses sinvergüenzas se enriqueció abriendo la trocha paralela al Río San Juan, obra que una vez terminada será la Ruta 1856. Estos bribones deben ser castigados, pero la obra debe ser concluida. De otra manera, como reza el dicho estadounidense, si no terminamos la ruta, estaríamos botando al bebé que fue lavado junto con el agua sucia.
Hagamos un breve recuento: El Gobierno de Costa Rica ha habilitado un camino rústico, que se encuentra en su totalidad en territorio nacional. Esta vía garantiza la conectividad entre los pobladores de la zona norte costarricense, facilita el acceso a escolares, vecinos, guardaparques, maestros, médicos y otras autoridades que tradicionalmente han enfrentado trabas, obstáculos y hasta cobros ilegales cuando para ir a cumplir con sus labores, han intentado navegar por el Río San Juan en la parte donde Costa Rica tiene derechos de navegación confirmados por la Corte Internacional de la Haya. Nada tienen que opinar los nicaragüenses de esta obra realizada en territorio nacional y de defensa civilizada de nuestra soberanía.
Es importante reiterar que la trocha que construye el Gobierno costarricense no ocupa el Humedal Caribe Noreste y por ende, no está afectando el sitio Ramsar. Por lo contrario, los efectos adversos de la invasión y ocupación militar en isla Portillos persisten y en los territorios circunvecinos tienen un carácter potencial de amenaza, por lo que el país debe estar debidamente preparado.
Cuando los contratistas se extralimitaron e incursionaron unos 2 kilómetros en un humedal, funcionarios del MINAET decomisaron los tractores y vagonetas y denunciaron dicho abuso, de manera expedita, ante los tribunales competentes.
Hagamos un breve recuento: El Gobierno de Costa Rica ha habilitado un camino rústico, que se encuentra en su totalidad en territorio nacional. Esta vía garantiza la conectividad entre los pobladores de la zona norte costarricense, facilita el acceso a escolares, vecinos, guardaparques, maestros, médicos y otras autoridades que tradicionalmente han enfrentado trabas, obstáculos y hasta cobros ilegales cuando para ir a cumplir con sus labores, han intentado navegar por el Río San Juan en la parte donde Costa Rica tiene derechos de navegación confirmados por la Corte Internacional de la Haya. Nada tienen que opinar los nicaragüenses de esta obra realizada en territorio nacional y de defensa civilizada de nuestra soberanía.
Es importante reiterar que la trocha que construye el Gobierno costarricense no ocupa el Humedal Caribe Noreste y por ende, no está afectando el sitio Ramsar. Por lo contrario, los efectos adversos de la invasión y ocupación militar en isla Portillos persisten y en los territorios circunvecinos tienen un carácter potencial de amenaza, por lo que el país debe estar debidamente preparado.
Cuando los contratistas se extralimitaron e incursionaron unos 2 kilómetros en un humedal, funcionarios del MINAET decomisaron los tractores y vagonetas y denunciaron dicho abuso, de manera expedita, ante los tribunales competentes.
Estudios de impacto ambiental versus acciones remediables
El Estado debe, ante emergencias –no previsibles– como una invasión militar o un sismo, realizar urgentemente toda obra civil, incluyendo una nueva trocha, para salvaguardar su población. Por ello, en este caso no cabe un estudio de impacto ambiental tradicional, porque este normalmente se realiza ex ante y porque existe la opción de decidir si la obra se realiza o no. Las obras de emergencia no permiten contemplar un sí o un no; deben realizarse. En otras palabras no hay oportunidad de prever, hacer consultas públicas, diseñar o dudar de la conveniencia de una obra, simplemente debe actuarse, racionalmente, para salvar vidas y haciendas, al menor costo posible. Pasada la etapa crítica de la emergencia, restaurado el control nacional y protegidos sus ciudadanos, corresponde proceder de inmediato a mitigar y remediar los impactos ambientales y sociales, directos e indirectos, que causó el evento, en este caso la invasión nicaragüense. Naturalmente, casi todas estas acciones serían ex post y de remediación.
Restauración natural asistida
En los próximos meses el MINAET continuara realizando cuidados intensivos en la zona invadida militarmente; ocupada invariablemente por el Ejército o en asocio con las turbas sandinistas. Acto seguido, ampliaremos nuestra acción ambiental a toda la zona circunvecina, la trocha y la zona fronteriza. Plantaremos árboles, protegeremos taludes y realizaremos otras obras de mitigación para evacuar y conducir las aguas de lluvia e impacto en los tajos. Las zonas de préstamos de materiales serán recubiertos por la vegetación tanto en forma natural como asistida, se revisarán los sistemas naturales de drenaje de aguas y de ser necesario, se reforzarán con alcantarillas, vados e infraestructura típica de la construcción de caminos rústicos. Finalmente, se monitoreará el impacto de la llegada de la luz eléctrica sobre la fauna y flora de estas poblaciones. Conforme llega el invierno las obras de ingeniería se disminuyen al mínimo, mientras que muchas de las actividades de reforestación y manejo de aguas invernales estarán en su momento de máxima actividad.
Indudablemente, hacen mal aquellos reporteros investigadores de La Nación en satanizar una obra necesaria, como resultado de los actos deshonestos denunciados. Los bribones deben responder ante la justicia, los controles deben mejorase, el impacto ambiental mitigarse; más la Ruta 1856 debe terminarse acuciosamente y al menor costo posible. Así nos lo exigen el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la defensa de nuestra soberanía.
El Estado debe, ante emergencias –no previsibles– como una invasión militar o un sismo, realizar urgentemente toda obra civil, incluyendo una nueva trocha, para salvaguardar su población. Por ello, en este caso no cabe un estudio de impacto ambiental tradicional, porque este normalmente se realiza ex ante y porque existe la opción de decidir si la obra se realiza o no. Las obras de emergencia no permiten contemplar un sí o un no; deben realizarse. En otras palabras no hay oportunidad de prever, hacer consultas públicas, diseñar o dudar de la conveniencia de una obra, simplemente debe actuarse, racionalmente, para salvar vidas y haciendas, al menor costo posible. Pasada la etapa crítica de la emergencia, restaurado el control nacional y protegidos sus ciudadanos, corresponde proceder de inmediato a mitigar y remediar los impactos ambientales y sociales, directos e indirectos, que causó el evento, en este caso la invasión nicaragüense. Naturalmente, casi todas estas acciones serían ex post y de remediación.
Restauración natural asistida
En los próximos meses el MINAET continuara realizando cuidados intensivos en la zona invadida militarmente; ocupada invariablemente por el Ejército o en asocio con las turbas sandinistas. Acto seguido, ampliaremos nuestra acción ambiental a toda la zona circunvecina, la trocha y la zona fronteriza. Plantaremos árboles, protegeremos taludes y realizaremos otras obras de mitigación para evacuar y conducir las aguas de lluvia e impacto en los tajos. Las zonas de préstamos de materiales serán recubiertos por la vegetación tanto en forma natural como asistida, se revisarán los sistemas naturales de drenaje de aguas y de ser necesario, se reforzarán con alcantarillas, vados e infraestructura típica de la construcción de caminos rústicos. Finalmente, se monitoreará el impacto de la llegada de la luz eléctrica sobre la fauna y flora de estas poblaciones. Conforme llega el invierno las obras de ingeniería se disminuyen al mínimo, mientras que muchas de las actividades de reforestación y manejo de aguas invernales estarán en su momento de máxima actividad.
Indudablemente, hacen mal aquellos reporteros investigadores de La Nación en satanizar una obra necesaria, como resultado de los actos deshonestos denunciados. Los bribones deben responder ante la justicia, los controles deben mejorase, el impacto ambiental mitigarse; más la Ruta 1856 debe terminarse acuciosamente y al menor costo posible. Así nos lo exigen el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la defensa de nuestra soberanía.
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