buscan profundizar sobre el tema de la cooperación entre gobiernos y el sector privado para la reducción del riesgo de desastres, particularmente en lo relativo a la definición de estrategias de continuidad de gobierno y continuidad de negocios y operaciones, en el contexto de una estrategia integral de la gestión del riesgo.

Se analizará igualmente la continuidad desde la perspectiva preventiva y prospectiva y como una inversión inteligente y altamente rentable tanto para los gobiernos, como para el sector privado de la región, identificando casos exitosos de estos planes y programas en situaciones puntuales de desastres en América Latina y el Caribe, en tanto se examinan los diversos estándares y/o metodologías que orientan a los gobiernos y a los privados en la elaboración de esos planes, además de valorar las propuestas de política para fortalecer los programas de continuidad de gobierno y continuidad de negocios y operaciones frente a eventos adversos.

En este seminario participarán representantes de los sistemas nacionales de reducción de riesgo de desastres de los Estados Miembros del SELA, y organismos subregionales especializados en esta temática como el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Reunión Especializada en Reducción del Riesgo de Desastres Socio-Naturales, Defensa Civil, Protección Civil y la Asistencia Humanitaria (MERCOSUR), y el Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), conjuntamente con representantes del sector empresarial y privado de la región y empresas privadas internacionales que han trabajado en el ámbito de la atención y prevención de desastres.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tendrá una participación significativa, toda vez que en la III Cumbre de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y el Desarrollo (CALC) y la “XXII Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Caracas, los días 2 y 3 de diciembre de 2011, se adoptó el “Plan de Acción de Caracas 2012” que definió 9 temas prioritarios dentro de los cuales se encuentra el de la ayuda humanitaria.

Dentro de los mandatos definidos por la CELAC para el tema de la ayuda humanitaria, se acordó celebrar la “V Reunión Regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH)”, que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, del 28 al 30 de marzo de este año, y que fue organizada por la Cancillería de Panamá y la Oficina de coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA) de la ONU, donde se adoptó la Declaración de Panamá y el Plan de Acción de la V-MIAH, en la cual se reitera “la importancia y prioridad de alentar las asociaciones estratégicas con el sector privado para la reducción del riesgo de desastres”.

El tema de la participación del sector privado también identificado como un tema de alta prioridad en la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en Cartagena, Colombia, el pasado mes de abril, adoptando mandatos concretos en el ámbito de la reducción y gestión del riesgo de desastres, haciendo mención especial a lo relativo a “priorizar la asignación de recursos y el diseño de estrategias de protección financiera, según corresponda, encaminadas a mitigar el impacto social, económico y ambiental de los desastres, con el apoyo de entre otras, las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales”.

Asimismo, se señaló la necesidad de “trabajar con las instituciones financieras subregionales, regionales e internacionales con miras a mejorar los mecanismos de financiación para la adaptación al cambio climático, la mitigación, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, orientados a la reducción y gestión del riesgo de desastres y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y naciones que son vulnerables o afectadas por los desastres”, entre otros asuntos.

De manera que el tema de las alianzas entre el sector público y privado, dentro de la gestión del riesgo de desastres se ha convertido en una prioridad regional.

Esto es comprensible si recordamos que la región latinoamericana y caribeña abarca cuatro placas tectónicas activas, y de allí su recurrencia sísmica y su actividad volcánica, convirtiéndola en una zona propensa a las tormentas tropicales, más aún cuando las costas del Caribe forman parte del corredor de huracanes del Continente.

Además, presenta un sistema de montañas y cuencas hidrográficas que la hacen vulnerable a deslizamientos e inundaciones, lo cual se acentúa cuando la degradación ambiental, el cambio climático, los asentamientos humanos en zonas vulnerables, la profundización de la pobreza, entre otros factores de tipo social y ambiental, han provocado que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres que, con mayor frecuencia e intensidad, causan incalculables pérdidas humanas, sociales y económicas.

Según cifras recientes de la CEPAL, Latinoamérica y el Caribe es un área altamente vulnerable, y en los últimos 40 años se han producido más de 2.555 desastres de origen natural que han ocasionado la muerte a más de 512.481 personas, han afectado a más de 232 millones de personas y han generado costos económicos que superan los 446 mil millones de dólares.

De manera que los desastres de origen natural impactan severamente en las políticas nacionales de desarrollo, y particularmente en las políticas sociales, constituyéndose en obstáculo para combatir la pobreza y la inequidad. Al ocurrir un desastre las prioridades nacionales cambian y modifican los planes de inversiones para el desarrollo, favoreciendo la atención de la emergencia y a las poblaciones vulnerables afectadas.

De acuerdo a las estimaciones del “Centre for Research on the Epidemiology of Disasters” (CRED), durante el año 2011, se produjeron en la región de Las Américas un total de 82 desastres de origen natural reportados, que dejaron un saldo de 2.382 personas fallecidas, 4,3 millones de personas afectadas y pérdidas económicas superiores a los 22.000 millones de dólares. Las tormentas e inundaciones fueron los eventos más destructivos en la región.

A nivel de estimaciones mundiales, en 2011 se produjeron un total de 302 desastres reportados, que afectó a 98 países, costó la vida de unas 29.782 personas, afectó a unas 206 millones y generó costos superiores a los 366 mil millones de dólares, siendo América Latina y el Caribe la segunda región en términos de daños por número de desastres, víctimas fatales y costos económicos.