PRESTAMOS ALINEADOS CON PRIORIDADES



San José. - El Ministro de Planificación y Política Económica Daniel Gallardo destacó la importancia de los préstamos aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aduciendo que estos cumplen con todos los alcances de las metas especificadas como prioritarias por el gobierno de la República y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Las manifestaciones de Gallardo se dieron en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios donde se discute el expediente 18433 que contiene el primer presupuesto extraordinario de la República, compuesto básicamente por los tres préstamos del BID.

Dijo que el Programa para la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social “es fundamental para un gobierno que ha puesto la seguridad ciudadana dentro de sus prioridades y está absolutamente alineada con una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de tener un país más seguro”.

Según Gallardo con esta iniciativa se pretende detener el crecimiento de las estadísticas criminales, así como ampliar la capacidad carcelaria del país.

En cuanto al préstamo para el turismo en área silvestres protegidas dijo que esta propuesta va de la mano con el deseo del país de llegar a ser “carbono neutral” para el 2021.

Destacó la importancia de los recursos que serán destinados a la reconstrucción y mantenimiento de la red de puentes y caminos vecinales.

Agregó que MIDEPLAN está coordinando con aquellos gobiernos locales que tienen algunos problemas para formular sus planes con el fin de que puedan licitar y entregar la documentación necesaria para que los proyectos se pongan en marcha.

Espacios Penitenciarios

También se recibió esta tarde a los viceministros de Justicia y Gracia Jorge Rodríguez y Max Loría quienes proporcionaron amplios detalles sobre la inversión de los recursos que recibirán de otro de los préstamos del BID aprobado.

Rodríguez enumeró que con ese dinero la Escuela de Capacitación Penitenciaria del Ministerio que representa pasará a ser una Agencia de Formación, no sólo de profesionales penitenciarios sino de personas especializadas para la prevención de la violencia.

Se invertirán recursos en rehabilitación y reinserción social para personas que han estado en prisión, con lo que se busca construir unidades productivas en las cárceles para capacitar a los reos.

El viceministro Max Loría dijo que para la prevención de la violencia se piensa en la generación de oportunidades para las personas jóvenes y las comunidades.

Especificó que esos siete centros cívicos estarán ubicados en las comunidades de Desamparados, San Carlos, Cartago Centro, Santo Domingo, Santa Cruz, Garabito y Pococí.
Por último indicó que con esos recursos se procederá a la construcción de unos 2700 espacios carcelarios que permitirán reducir sustancialmente la sobrepoblación penal.

Nuevo expediente

A partir de esta fecha los miembros de la comisión cuentan con un nuevo expediente en el orden del día y corresponde al 18435 denominado Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas.

Relacionada con esta propuesta se aprobó una moción para recibir en audiencia a representantes de una serie de instituciones entre las que destacan los ministerios de Hacienda y Planificación, Banco Central, Instituto Nacional de Seguros (INS) y Consejo Nacional de Producción (CNP).

La lista de audiencias se amplía con la Contraloría y Procuraduría generales de la República, Junta de Protección Social (JPS), Instituto Costarricense de Puertos (INCOP) Radiográfica Costarricense, Correos de Costa Rica y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

De igual manera la lista de instituciones, organizaciones y dependencias gubernamentales y no gubernamentales a consultar sobre este proyecto de ley es enorme.

Incluye a todas las municipalidades del país, a los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, universidades públicas, entes públicos no estatales, puestos de bolsa, operadoras de pensiones y partidos políticos.

Deben sumarse a la lista la Procuraduría y la Contraloría generales de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Superintendencia de Entidades Financieras (SUPEN) Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones.

También emitirán criterio sobre el tema las empresas públicas del Estado, los bancos estatales, Registro Nacional, Correos de Costa Rica y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.