Redacción.- Una vez aprobado el «botón de parada de emergencia», pasa al pleno del Senado

Si el Senado aprueba la infame ley del «botón de parada de emergencia» de Internet, cuyo anteproyecto recibió ayer la luz verde de un comité fundamental del Senado y ahora pasará al pleno, al presidente Obama se le va a conceder la potestad de desconectar Internet durante al menos cuatro meses sin supervisión del Congreso.

La Ley de Protección del Ciberespacio como Bien de Interés Nacional ( Protecting Cyberspace as a National Asset Act ), que está siendo impulsada por el senador Joe Lieberman, otorgaría al gobierno federal poder absoluto para clausurar redes y bloquear el tráfico entrante de Internet procedente de determinados países amparándose en la declaración de una emergencia nacional.

Pese a que el Centro por la Democracia y la Tecnología y otras 23 organizaciones privadas y del sector tecnológico han enviado cartas a Lieberman y a los demás promotores de la ley expresándoles su preocupación ante el hecho de que se pueda utilizar esa legislación para reprimir la libertad de expresión, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado (Homeland Security and Governmental Affairs) aprobó el anteproyecto para que se votara en el pleno del Senado.

Para responder a las críticas generalizadas vertidas contra la ley, el texto ha incorporado en su redacción la obligación de que el gobierno recabe la aprobación del Congreso para ampliar las medidas de emergencia cuando superen los 120 días. Aún así, la situación otorgaría a Obama poder para desconectar Internet a su antojo sin supervisión ni aprobación del Congreso durante un periodo no inferior a cuatro meses.

Los senadores impulsores de la ley han negado la acusación de que la norma sea una especie de «botón de parada de emergencia» para Internet, pero no negando que la normativa vaya a autorizar a Obama a inutilizar Internet, sino arguyendo que ya tenía poder para hacerlo.

Según informa The Sydney Morning Herald , han sostenido que la Ley de Comunicaciones (Communications Act) ya concedía al Presidente poderes para «motivar el cierre de cualquier instalación o emisora de comunicaciones por cable» cuando se atraviese «situación o amenaza de guerra»,

El miedo a que la intención de la ley sea someter a Internet al poder normativo del gobierno estadounidense en una ofensiva contra la libertad de expresión se acentuó más el domingo, cuando Lieberman reveló que el plan consistía en imitar las políticas chinas de vigilar la red con censura y medidas coercitivas.

«Ahora mismo, el gobierno de China puede desactivar zonas de su Internet en caso de guerra y nosotros también tenemos que poder hacerlo aquí», declaró Liebarman en la CNN ante Candy Crowley .

Mientras los medios de comunicación y la atención de la opinión pública se centran abrumadoramente en el vertido de petróleo de BP, la clase dirigente elabora con sigilo el marco que permitirá a Obama, o a cualquier otro presidente que le suceda, tender un telón de acero tecnológico que permitirá al gobierno iniciar el camino para adquirir el control absoluto sobre Internet.

Como hemos expuesto, se ha dado publicidad a bombo y platillo al miedo que despierta la ciberseguridad para ocultar el auténtico programa subyacente a la ley, que consiste en estrangular el crecimiento desorbitado de emisiones de medios alternativos e independientes que están dando a conocer como nunca antes había sucedido las atrocidades, maniobras y el amiguismo del gobierno.

En realidad, China utiliza similar retórica sobre la necesidad de mantener la «seguridad» y librar la guerra del ciberespacio regulando la web, cuando en realidad todo su programa gira en torno a silenciar a toda aquella persona que critique al Estado.

El verdadero plan que esconde el control de Internet por parte del gobierno ha sido siempre coartar y sofocar las producciones de medios independientes que hoy día compiten con órganos de prensa dominantes hasta el punto incluso de desplazarlos, donde portales web como Drudge Report generan hoy día más tráfico que muchas grandes cabeceras de prensa juntas. En el marco de esta guerra contra los medios de comunicación independientes, la Comisión Federal de Comercio (FTC, Federal Trade Commission) ha propuesto hace poco la implantación de un «impuesto de servidumbre» que obligaría a las organizaciones de medios de comunicación independientes a pagar unas tasas que se emplearían para financiar periódicos convencionales.