Redacción.- La Defensoría de los Habitantes exigió al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) poner un freno en seco a cualquier tipo de abuso en contra de
personas adultas mayores que utiliza el servicio de autobuses, pues son reiteradas las
violaciones al derecho que les asiste en materia de exoneración tarifaria.

La acción de la Defensoría obedece a las denuncias que se presentan en la
institución ante la implementación de mecanismos de control por parte de algunas
empresas y que van en contra inclusive de una resolución de la Sala Constitucional
que ordenó al Consejo de Transporte Público (CTP) verificar que las personas
adultas mayores ejerzan el derecho a la exoneración tarifaria, únicamente, con su
cédula de identidad, o de residencia.

Desde el año anterior la Defensoría le viene dando seguimiento al caso e inclusive,
en su oportunidad, se convocó a las instituciones involucradas para analizar las
acciones ejecutadas o por ejecutar, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Constitucional. De dicho encuentro surgieron varios compromisos, entre ellos, que
el CTP elaboraría un cronograma de inspecciones a las rutas de autobuses;
implementaría mecanismos ágiles de recepción y comprobación de denuncias;
valoraría la apertura de una oficina especial de denuncias; e informaría los tipos de
sanciones en caso de incumplimientos; como órgano activo en la protección de las y
los usuarios adultos mayores.

Pese a este compromiso, el Consejo no sólo no informó sobre las acciones de
cumplimiento, sino que al día de hoy no ha realizado una fiscalización efectiva para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la Sala Constitucional (Voto Nº 8313-
2009 del 22/05/2009).

Así las cosas, la Defensoría sostiene que el MOPT debe, entre otras cosas,
comunicar a los autobuseros que los mecanismos de conteo de pasajeros (lectores
de cédulas, formularios, libretas o cualquier otro), bajo ninguna circunstancia,
pueden restringir el acceso de las personas adultas mayores nacionales o extranjeras
a ese servicio público; provocar el extravío de sus documentos de identidad por
retenciones arbitrarias; o exponerlas a situaciones de riesgo, maltrato o lesión de su
integridad y dignidad; y que en caso de incumplimiento el MOPT debe aplicar las
causales de caducidad de la concesión y demás sanciones estipuladas en la normativa
que regula el transporte público de personas.

Igualmente obligar al CTP a planificar y ejecutar periódicamente operativos de
control de autobuses, conjuntamente con la Policía de Tránsito, para verificar el
respeto del derecho a la exoneración tarifaria, así como el cumplimiento de las
disposiciones técnicas mediante las cuales se procura facilitar el acceso de las
personas adultas mayores al servicio de transporte público (rampas, asientos
preferenciales y otras).

Para la Defensoría también es necesario reglamentar el “procedimiento de
investigación de denuncias e interposición de sanciones” contra las empresas que
brindan el Servicio Público de Transporte Colectivo Remunerado de Personas,
haciendo especial énfasis en la investigación y sanción de los actos violatorios de los
derechos de las personas adultas mayores.

Fomentar la constitución y el desarrollo de asociaciones de usuarios/as para que
participen por medio de sus representantes en el Consejo de Transporte Público, en
la planificación y gestión del sistema de transporte. Adicionalmente, la Defensoría
solicitó al Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
que divulgue entre las personas usuarias del servicio público de transporte colectivo
remunerado de personas el procedimiento de tramitación, investigación y resolución
de quejas por la prestación de ese servicio, en particular por cobros arbitrarios de
tarifas, deficiencias en la calidad de servicio relacionadas con la tarifa y discriminación
de las personas usuarias por parte de los transportistas o los conductores.