“Debe haber garantía real que los usuarios adscritos al área de Tibás reciban esos servicios ya sea en la clínica actual o que sea asumida por la red de la CCSS en condiciones adecuadas, óptimas y sobre todo sin afectar los tiempos de atención que las personas estaban recibiendo en la actualidad. No podría haber una desmejora en la atención que implique un retroceso en la calidad del servicio para los pobladores de ese cantón”, dijo hoy el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta.

La característica de no regresividad, significa la imposibilidad del Estado o las instituciones que le representen de proyectar, planificar o ejecutar medidas que tiendan a disminuir las condiciones de la prestación de los servicios en una comunidad, servicios que se constituye en derechos y ante los cuales, el Estado más bien tiene el deber de proteger y aumentar sus condiciones.

Si se traslada la consulta programada con los especialistas a otro lugar debe ser de manera tal que exista garantía plena que se cumpla con los plazos de atención, eficiencia y calidad de los servicios que se reciben hoy en día, de lo contrario, a todas luces implica una lesión a los derechos de los habitantes.

El retroceso en las condiciones actuales de prestación del servicio constituye una violación que puede ser objeto de control por parte del Poder Judicial, que al derogar o reducir el nivel de los derechos ya establecidos que goza la población, podría configurar un caso de revisión judicial, que configuraría además incumplimiento de los compromisos internacionales contraídos, acarreando la consiguiente responsabilidad.  Acciones que podrían ser incoadas por esta Defensoría ante los estrados judiciales.

En este sentido, es contundente esta Defensoría en el deber que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, de cumplir con la responsabilidad asignada, en términos oportunos, eficientes y eficaces, que permita garantizar a los usuarios de los servicios de Tibás, la continuidad en la prestación de los servicios, de forma que signifique la protección y garantía de sus derechos, reservándose esta Defensoría, el derecho de brindar seguimiento puntual al cumplimiento de los deberes legales de la entidad aseguradora, así como la potestad de accionar judicialmente según corresponda.