parece de relevancia aprovechar esta oportunidad para explicar con más detalle el contexto que el país vive desde hace un tiempo, no sin antes recordar que la Sala Constitucional ha ratificado la legalidad del decreto, cuando fue originalmente cuestionado. La Sala comprendió que las razones que lo motivaron fueron de absoluta conveniencia nacional, ante la invasión militar y la violación a nuestra soberanía de la que somos objeto, así como por la necesidad de acciones para proteger el resto de la zona fronteriza, por razones que recordaré más adelante. Asimismo, me parece oportuno brindar algunos elementos desde la óptica del Derecho Internacional que puedan ayudar a comprender mejor el escenario bajo el cual Costa Rica se mueve.

Como complemento de mi intervención, presentaré algunas imágenes que documentan y respaldan mis afirmaciones.

Inicio recordando que el 20 de octubre de 2010 el Gobierno de Costa Rica detectó que una draga nicaragüense se encontraba depositando sedimentos del río San Juan en el territorio costarricense de Isla Portillos, en la zona de Finca Aragón. En la pantalla tienen una fotografía que muestra la draga depositando sedimento en suelo costarricense.

Luego de la protesta diplomática de Costa Rica, el personal militar nicaragüense que estaba en la zona se retiró, al igual que la draga, y posteriormente el 22 de octubre la policía costarricense ingresó a la zona.  En esa ocasión se pudo constatar el daño ambiental  causado a la zona en ese momento, principalmente la tala de un área considerable de bosque primario, como se puede ver observar en la foto proyectada.

Mediante un sobrevuelo realizado el 1 de noviembre, se detectó que el ejército de Nicaragua había ingresado de nuevo, y que esta vez se habían establecido en diferentes localidades en la zona. En la pantalla tienen una fotografía tomada en ese momento, donde se ve claramente a soldados nicaragüenses apuntando sus armas hacia la aeronave costarricense propiedad del Ministerio de Seguridad.  En este momento se hace evidente que Nicaragua había invadido militarmente territorio de Costa Rica, una situación inédita para la pacífica sociedad costarricense.

Como se recordará, una de las primeras acciones que se tomaron fue acudir a la Organización de los Estados Americanos, la cual emitió una resolución recomendando el retiro de las tropas de Nicaragua, pero que los nicaragüenses se rehusaron a acatar. En esos días se dieron también otras señales amenazantes.  Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2010 el Presidente Daniel Ortega anunció que Nicaragua le exigiría a Costa Rica libre navegación por el río Colorado, un reclamo, por lo demás, totalmente ilegal. En la pantalla pueden ver una nota de prensa donde se anuncia esto.  

En el calor del momento, este y otros mensajes que se recibían del Gobierno de Nicaragua apuntaban a un escalamiento de la disputa. Como ejemplo, y de gran gravedad, vemos proyectado un extracto de un discurso que el Presidente Ortega dio el 6 de abril de 2011, después de que la Corte Internacional emitió las medidas provisionales, donde expresamente dice que Guanacaste le pertenece a Nicaragua, y que en cualquier momento lo podrían reclamar. A esto hay que sumar declaraciones que el Agente de Nicaragua había dado en enero de 2011 con ocasión de la solicitud de medidas provisionales que Costa Rica presentó contra Nicaragua por la invasión a Isla Portillos, en las cuales indicaba que Nicaragua desconocería el régimen común de las Bahías de Salinas y de San Juan del Norte, tal como es establecido en el Tratado de Límites de 1858. En la pantalla se ven las palabras textuales del agente nicaragüense dadas el 13 de enero de 2011.

La solicitud de medidas provisionales que Costa Rica presentó ante la Corte Internacional tenía el fin principal de obligar a los nicaragüenses a retirarse de Isla Portillos y a cesar los daños que ahí estaban realizando, no sólo la tala de bosque primario sino además la construcción de un canal artificial. La Corte en efecto emitió las medidas, entre las cuales estableció como zona de despeje el territorio ubicado al norte del canal artificial, de manera que ni personal civil, militar o policial de ninguno de los dos países puede ingresar a él. La excepción es el personal ambiental de Costa Rica, que puede ingresar a la zona en coordinación con la Secretaría de Ramsar, para proteger el humedal. Asimismo, la Corte ordenó a ambos países brindarle seguridad a la zona desde sus respectivos territorios que no están en disputa. En la pantalla pueden ver un gráfico de la zona de exclusión.

He querido explicar con un poco de detalle estas obligaciones jurídicas de Costa Rica y Nicaragua porque son relevantes para comprender el contexto que quiero explicar, pues precisamente Nicaragua ha hecho un esfuerzo sistemático por incumplirlas, lo cual revela su renuncia a respetar nuestra integridad territorial, y muchos en nuestro país parecen haberlo olvidado.

Una de las primeras acciones que Costa Rica tomó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Internacional fue una inspección a la zona de despeje, realizada de manera conjunta con los técnicos designados por la Secretaría de la Convención de Ramsar, que se llevó a cabo los días 5 y 6 de abril de 2011. Ya desde los días previos a la inspección los medios en Nicaragua anunciaban que el Gobierno tomaría medidas para evitar esta visita y en efecto, cuando el personal del MINAET y Ramsar llegaron a la zona se encontraron con gran cantidad de nicaragüenses, que trataron de impedir la visita.  En la pantalla se ve una fotografía tomada ese día. A pesar de los obstáculos puestos y del acoso sufrido, que incluso amenazaba su integridad física, los miembros de la misión conjunta completaron la tarea. Conviene señalar que el acceso a ese sector de Isla Portillos entonces, solo era posible por medios aéreos. Por tierra se tomaban unas 15 horas de camino desde el punto más próximo en la zona de Agua Dulce. Asimismo, para el traslado de San José a Barra del Colorado, solamente se lograba por aire, el medio más expedito, en el tanto las condiciones de tiempo lo permitían.

Al día siguiente de la misión con Ramsar, el Jefe del Ejército de Nicaragua dio declaraciones indicando que capturarían a los pilotos ticos que sobrevolaran el territorio en disputa, considerado por ellos espacio aéreo nicaragüense. En la pantalla se pueden ver sus palabras.  Dado que Nicaragua ha insistido que la zona de despeje es territorio nicaragüense, estas palabras no podían entenderse más que como una amenaza para tratar de intimidar a Costa Rica y evitar que cumpliera con lo ordenado por la Corte Internacional.  

A partir de ese momento, el Gobierno de Nicaragua inició un programa para mantener una presencia constante de ciudadanos nicaragüenses en la zona en disputa. En la pantalla se observa una casa ubicada en Finca Aragón, en el sector de Isla Portillos que la Corte Internacional  declaró como zona de despeje, que a partir de ese momento se convirtió en el cuartel de operaciones de la supuesta juventud nicaragüense que se aloja ahí por períodos de dos semanas y luego son reemplazados por “contingentes” nuevos. Este programa claramente es organizado y financiado por el gobierno de Nicaragua. De hecho, a inicios de este año el Gobierno nicaragüense inauguró un supuesto diplomado en estudios sobre el río San Juan y como parte del programa se aloja a los estudiantes en la zona en disputa, donde además realizan obras como la siembra de árboles, todo en abierta contravención de lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia. En la pantalla pueden ver declaraciones dadas por la Ministra de Ambiente nicaragüense, presumiendo que para ese momento más de 3.600 miembros de la Juventud Sandinista habían visitado la zona. Al día de hoy estimamos que unos 5.000 miembros han participado de estas visitas.

Aproximadamente en febrero de este año se detectó que los nicaragüenses han extendido su presencia incluso a lado del caño artificial. En la pantalla pueden ver una fotografía que muestra dos pequeñas tiendas de campaña justo en el inicio del caño y a algunos nicaragüenses junto a ellas. Ya para abril de este año esas pequeñas tiendas habían sido reemplazadas por una tienda más grande y en apariencia de naturaleza más permanente, que pueden ver en la proyección. Tenemos documentado también otro sitio, más arriba siguiendo el caño, como a unos 800 metros en dirección a la Laguna Los Portillos, donde los nicaragüenses han instalado una tienda similar. En otras palabras, vemos una intención de Nicaragua de mantener una presencia permanente en territorio que claramente es costarricense, y en abierta violación de lo ordenado por la Corte. Desde luego que la Cancillería ha protestado en repetidas ocasiones esta política de Nicaragua y la ha denunciado ante la Corte Internacional de Justicia, pero el caso es que estamos frente  a un contrincante que no juega limpio y del cual se puede esperar cualquier cosa. Por ahí del 30 de noviembre de 2011, el Presidente Ortega anunció la creación un nuevo “Batallón Ecológico”, financiado por la cooperación alemana. En la pantalla vemos una nota de prensa con esta noticia, seguida de un extracto de su discurso dado durante el acto, diciendo que este “Batallón” acompañaría a los miembros de la Juventud Sandinista en sus labores en San Juan de Nicaragua, donde tienen que “seguir librando esta batalla” en contra de sus “adversarios” que atentan contra sus recursos naturales, aunque ellos tienen “la razón histórica” de su lado.

Ante este contexto que he descrito el Gobierno sencillamente no podía quedarse de brazos cruzados, y precisamente tanto la construcción del camino fronterizo como la declaratoria de una emergencia nacional están plenamente justificados en este contexto, porque responde no sólo a una agresión que continúa, sino que, en el caso del camino, es una obra de defensa civil invaluable para el país, particularmente en cuanto a la reafirmación de la integridad territorial de Costa Rica. Por esto la Ruta 1856 es necesaria.

Para nosotros es claro que el tema de la ruta 1856 le presentó una oportunidad a Nicaragua de presentarse ahora como víctima, luego de que con la invasión y daño ambiental a Isla Portillos se evidenciaron como un país agresor. Por ahí de noviembre de 2011 los medios nicaragüenses, en su mayoría afines el régimen Sandinista, iniciaron una campaña acusando a Costa Rica de la destrucción del río San Juan como consecuencia de la ruta 1856. Debo ser enfático en que hasta el momento no existe evidencia  alguna de daño al río, sencillamente porque no lo hay. Como parte de esta campaña nicaragüense, han circulado algunas fotografías de la ruta en construcción, desde luego dentro del territorio costarricense,  que todos conocemos, pero que no representan evidencia de afectación al río o al territorio nicaragüense.

En la pantalla tenemos un extracto de unas declaraciones dadas por un analista nicaragüense, diciendo que Nicaragua tiene derecho a invadir una franja de hasta 700 metros de la margen costarricense del río San Juan para parar por la fuerza la obra, y que luego únicamente tendrían que indemnizar a Costa Rica por el territorio usurpado. Desde luego que Nicaragua no tiene tal derecho, pero por afirmaciones como esa es que la Ruta 1856 es necesaria para prevenir este tipo de amenazas. De manera similar representantes del gobierno nicaragüense han utilizado el tema para justificar un incremento en las labores de dragado del río San Juan alegando falsamente que la ruta le aporta miles de toneladas diarias de sedimento, lo cual claramente es absolutamente falso. La Ruta 1856 es necesaria para protegernos.

Como se sabe, dos supuestas organizaciones ambientalistas nicaragüenses, acólitas del gobierno de Daniel Ortega, presentaron un caso en contra de Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia. Costa Rica no acepta la jurisdicción de esa Corte, y así lo ha hecho saber, pero es muy probable que la Corte dicte una ilegal sentencia en contra de nuestro país, pues eso beneficia los intereses de Managua y de la propia Corte.  En la pantalla vemos una nota de prensa donde se dice que le van cobrar a Costa Rica una indemnización equivalente a tres veces el costo de la ruta.

La Corte Centroamericana ha estado pendiente de lo que pasa en nuestro país, con la esperanza que de los propios costarricenses les demos armas para justificar un fallo espurio.  En este sentido, sinceramente lamentamos que haya personas en Costa Rica que se presten a este juego, por ejemplo afirmando sin sustento que la ruta está impactando el río San Juan.  Una cosa es que la ruta tenga impactos focales y muy específicos en el territorio costarricense donde se está construyendo, pero otra muy diferente es afirmar que se está destruyendo el río San Juan o el territorio nicaragüense. Esto es falso. No le hagamos el juego a Gobierno nicaragüense ni a la Corte Centroamericana.

Costa Rica le pidió formalmente en varias ocasiones a Nicaragua que aportaran pruebas de ese supuesto daño, y hasta el momento no las ha presentado. Lo único que anda circulando son fotografías de la ruta en construcción, pero eso de ninguna manera sirve de sustento para afirmar que se haya causado daño al territorio nicaragüense. No obstante, como se observa en la proyección, declaraciones que gratuitamente son dadas en Costa Rica, son recogidas con entusiasmo en Managua. Algunos costarricenses, tal vez sin percatarse, se han convertido en caja de resonancia para los intereses de Nicaragua. No le hagamos el juego al gobierno de Nicaragua.

Lástima que ni las autoridades nicaragüenses ni los sectores que buscan proteger el ambiente mencionen los daños que Nicaragua está emprendiendo o emprendería en el futuro en el propio río San Juan. Pienso que es curioso que, quienes acusan a Costa Rica, callen lo que Nicaragua hace. Por ejemplo, desde hace unos meses Nicaragua está construyendo un puente en la región de San Pancho, donde el río San Juan transcurre enteramente por territorio nicaragüense. En la pantalla se ve una imagen satelital que presenta la ubicación del puente, que como se ve está a unos kilómetros del territorio costarricense conocido como Tablillas. Se ven algunas imágenes del puente en construcción, que por cierto son similares a las de la ruta 1856 en construcción, con la diferencia que la obra se realiza sobre el río mismo, ocasionando sedimentación.

Otra obra que se debe tener presente es el aeropuerto que Nicaragua construyó en San Juan del Norte, justo al frente de Isla Portillos y del territorio que Nicaragua usurpa a Costa Rica. En la pantalla se ve una imagen que ilustra la ubicación del aeropuerto, y algunas fotografías que muestran su rápida construcción, entre noviembre de 2010 y abril de este año. Se trata de un sitio Ramsar, pero los ambientalistas nicaragüenses han estado silentes ante es obra.

En esa misma zona, muy cerca del canal artificial que Nicaragua excavó en Isla Portillos, los nicaragüenses han estado realizando obras para modificar el cauce del río San Juan. La proyección muestra la ubicación del sitio donde se cortó un meandro, con el fin de que el caudal del río llegara con más fuerza y de forma directa al canal artificial, alterando de esta forma el cauce natural del río, con todos los efectos de impacto ambiental que ello implica.

Otra obra de la que no se ha hablado mucho es el proyecto de la represa y planta hidroeléctrica de Brito, que no se ha iniciado aún, pero que sí tendría el potencial de afectar seriamente el río San Juan y el territorio costarricense.  En la pantalla vemos una imagen que la ubica en el mapa.  El proyecto conlleva construir una represa en el río San Juan, en la zona nicaragüense de San Isidro, para elevar el nivel del agua.  Para Costa Rica esto significaría varios perjuicios directos, tanto por la potencial inundación de territorio nacional,  como por la importante reducción en el caudal del San Juan, que afectaría no sólo el derecho costarricense a utilizar el mismo sino que además impactaría directamente el caudal del río Colorado. Esto también resultaría en mayor sedimentación del río y cambios en su geomorfología. En otras palabras, este proyecto prácticamente vendría  a significar la destrucción del río San Juan y de paso la afectación de varios derechos soberanos de Costa Rica: otra amenaza a nuestro territorio.

De forma similar, el proyecto del canal interoceánico que las autoridades nicaragüenses se han dado a promocionar tan intensamente en tiempos recientes, indudablemente significaría el fin del río San Juan, así como posibles graves afectaciones al territorio costarricense, incluyendo el río Colorado, en caso de que se construyera utilizando esa ruta. Como la margen derecha del río es territorio costarricense, la Ruta 1856 nos permitirá defenderla.
Desde el punto de vista de la Cancillería, el Decreto de Declaratoria de Emergencia y la construcción de la Ruta 1856 están plenamente justificados por todas las razones que he explicado, y hasta el momento el Decreto ha sido declarado legal, aunque no dudo que se estén preparando otras acciones y recursos para impedir que el país pueda finalizar de la mayor obra de defensa civil que ha construido en muchos años. Nicaragua ha mostrado una política de desconocer todo el régimen fronterizo, no sólo por el intento de usurparnos una parte del territorio costarricense, sino también por las diferentes acciones y mensajes que se nos han dado desde octubre de 2010.

No se debe permitir que posibles errores que se hayan podido cometer en la ejecución de la ruta se conviertan en una “satanización” de toda la obra, o en cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones costarricenses, las cuales también están respaldadas en el Derecho Internacional. Haciendo un balance objetivo, me parece que la Ruta no es perfecta, justo porque está en su etapa constructiva, pero tampoco es un desastre. Y el Decreto de Emergencia, como he explicado, busca no sólo permitirle a Costa Rica cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas de lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia sino, sobre todo, realizar las acciones necesarias para la protección de su integridad territorial y seguridad nacional. Ejemplo de esto es la construcción de puestos nuevos para la policía y el personal del MINAET en Isla Portillos, así como la instalación de torres y cámaras de vigilancia, entre otras, que le permiten a Costa Rica darle protección a la zona y realizar la supervisión ambiental que le fue acordada.

Dije que el tema de la ruta 1856 le brindó a Nicaragua una oportunidad para presentarse como víctima luego de que con su invasión a Isla Portillos se evidenció como país agresor,  irrespetuoso del Derecho Internacional y del medio ambiente. La estrategia nicaragüense consiste en emprender una campaña internacional en contra de Costa Rica, que incluyó denuncias ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Centroamericana, la Secretaría de Ramsar, y algunas instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana, entre otras, y que desafortunadamente ha encontrado amigos en Costa Rica. Los costarricenses no debemos hacerle el juego a Nicaragua.

En este sentido, quiero llamar la atención sobre un artículo que salió el día de ayer en El Diario Extra, que pueden ver en la pantalla, y que se refiere a una información que se había publicado en el medio electrónico El País el pasado 14 de junio. En la pantalla se pueden ver algunos extractos, donde se explica que la misma persona que en diciembre del año pasado había presentado un recurso de amparo en contra de la Ruta 1856 ante la Sala Constitucional, y que inmediatamente después se fue a vivir a Managua,  le envió un correo electrónico a este medio explicando un plan que consiste en una serie de acciones, tanto ante instancias costarricenses como internacionales. Como se ve en la pantalla, el  plan incluye denuncias ante la Fiscalía General de la República el Tribunal Ambiental Administrativo y una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo. En el ámbito regional, el caso también sería llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua, al Parlamento Centroamericano, a la Secretaría General del SICA, al Consejo de Obispos Centroamericanos, a la Conferencia Regional Sobre Seguridad en Centroamérica, a la Coalición Latinoamericana y Caribeña contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y al Consejo Permanente de la OEA.  Y en el ámbito internacional se llevaría al  Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al Comité sobre Tortura, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Refugiados, al  Relator de las Personas con discapacidad de las Naciones Unidas,  al Relator de las Personas aborígenes de las Naciones Unidas,  a la Secretaría de la Convención Ramsar, y hasta al Consejo Ejecutivo de la Internacional Socialista. La última imagen que se proyecta muestra al autor del correo en una conferencia de prensa en Managua a la par de una de las personas que presentó el caso en contra de Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia.

Es obvio que existe un complot en contra de Costa Rica, fraguado desde Managua, que no sólo busca afectar la imagen del país, sino sobre todo tenernos distraídos y ocupados haciendo las defensas respectivas, tal vez con la esperanza de debilitarnos de esa forma y que descuidemos la defensa de nuestros derechos soberanos en Isla Portillos y a lo largo de la frontera. Esto no sucederá, pero es importante que los costarricenses no les facilitemos la tarea a nuestros adversarios. ¡Unámonos todos en defensa de nuestra dignidad y nuestra soberanía nacional!

Muchas gracias.