haya “fallado” en contra del país, pues fue precisamente por invitación expresa a Nicaragua por parte de la propia Corte que ese país presentó un caso contra Costa Rica, por intermedio de dos supuestas organizaciones ambientalistas, que claramente están vinculadas al Gobierno nicaragüense.

Hay varios elementos que hacen altamente repudiable lo actuado por la Corte. De manera principal está el hecho de que esta Corte no tiene competencia para escuchar casos contenciosos contra Costa Rica, un hecho reconocido internacionalmente dado que la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en 1995, de manera soberana rechazó el Estatuto de la Corte, que es el único instrumento que le transfiere competencias contenciosas a ella, y no tiene jueces ahí. Incluso, según la propia Ordenanza de Procedimientos de esta Corte, Costa Rica legalmente no podía ser sujeto procesal pues únicamente los Estados que han ratificado el Estatuto pueden serlo. Más aún, como lo advirtieron dos ex presidentes de Costa Rica, la Corte tergiversó actos que ellos habían realizado en su condición de miembros de la Reunión de Presidentes de Centroamérica, con el objeto de hacerse fraudulentamente de una competencia que manifiestamente no tiene.

Hay otras circunstancias que además evidencian una serie de irregularidades en torno al funcionamiento de la Corte, como son la invitación pública que el anterior Presidente de la citada Corte extendió a Nicaragua para que presentara un caso contra Costa Rica.  Además, otras declaraciones de su Presidente habían adelantado el resultado de este caso, claramente parcializado en contra de Costa Rica. Incluso la Corte, ante la evidente falta de pruebas del caso, urgió a los demandantes a confeccionar cualquier evidencia con el objeto de dar un velo de autenticidad a su espurio y vergonzoso fallo.

Es a todas luces evidente que este  “fallo” no es más que una maniobra política que busca beneficiar a Nicaragua, no sólo por las razones antes anotadas, sino porque además coincide con el hecho de que Nicaragua inicia el mismo día el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana, y que el actual Presidente de la Corte es también nicaragüense.

Esta actuación de la Corte Centroamericana no sólo es deplorable, sino que además pone seriamente en peligro al Sistema de la Integración Centroamericana, algo que Costa Rica había advertido con anticipación. La República de Costa Rica es un Estado de derecho, ejemplo en el mundo por la calidad y seriedad de sus instituciones democráticas; tiene una reconocida trayectoria ambiental y un sistema de Gobierno que es ejemplo por ser producto de elecciones limpias y democráticas.  

Costa Rica no permitirá que acciones fraudulentas e ilegales de instituciones que actúan motivadas con claro sesgo político y en su propio beneficio marchiten el nombre del país, y tomará todas las medidas necesarias para garantizar su legítima defensa, así como la defensa de los valores que la distinguen como nación. Como primera medida, Costa Rica ha llamado en consulta a sus embajadores acreditados ante los países miembros del SICA para considerar la grave situación generada por la Corte Centroamericana, y anuncia que considera abstenerse de participar en las reuniones de los órganos y foros del SICA mientras Nicaragua ostente la Presidencia Pro Témpore.