- Implementar las recomendaciones emitidas por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), como resultado de las tres evaluaciones efectuadas en Costa Rica.

- Integrar la normativa existente con la jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de los casi ocho años de vigencia de la ley, sumando la experiencia de cada una de las instituciones participantes en la elaboración del proyecto.

- Optimizar el régimen preventivo de la ley, con la incursión de enmiendas al proceso de atención de denuncias, incorporación de medidas de protección para el denunciante de buena fe, reconocimiento de los principales alcances del derecho de acceso a la información pública, y la ampliación del régimen de incompatibilidades y abstenciones vigente en el ordenamiento jurídico.

- Introducir variaciones para consolidar el sistema de declaraciones juradas, como una herramienta mejorada para la prevención y detección de actos de corrupción.

- En lo relativo al régimen sancionatorio, incluir cambios en las causales de responsabilidad administrativa, tendentes a fortalecer el régimen y evitar que eventuales actos de corrupción queden impunes por falta de presupuestos legales para su sanción en sede administrativa.

- Se realiza una equiparación de penas en relación con conductas previamente tipificadas en el Código Penal vinculadas con actos de corrupción, con el objetivo de brindar mayor efectividad y eficacia en el ejercicio de la persecución penal.

- Se garantiza el derecho de los y las ciudadanas a la denuncia (participación ciudadana), así como el deber de las y los funcionarios públicos de denunciar cualquier acto de corrupción, faltas al deber de probidad, conflictos de intereses o cualquier otra falta (Artículo 4). Se les garantiza también la confidencialidad del denunciante para promover la denuncia y se garantiza el acceso a la información pública (Artículo 7).