Igualmente en el proceso de estudio, realizado por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, se ha comprobado que existe un vacío legal en algunos temas necesarios de señalar, en donde no ha existido una debida fiscalización en los últimos años, y que han debido de ser conocidos tanto por la Sala Constitucional así como la Comisión Nacional del Consumidor.

Los temas recurrentes en estas dos instancias son:

• La carencia de garantías mínimas de contenido curricular.
  
  
• La situación de permanencia/expulsión de estudiantes en el sistema educativo privado.
  
  
• Garantías en el respeto a los derechos de las personas estudiantes.
  
  
• Procesos adecuados de investigación por parte de los centros educativos ante denuncias.
  
  
• Cobros desproporcionados en los aumentos en la mensualidad y matrículas.
  
  
• Entrega de notas, certificaciones, títulos y/o retención de esta documentación.

Así las cosas, para la Defensoría es necesario facultar al funcionario o la funcionaria pública para ejercer la adecuada  fiscalización de  las acciones y procesos del sector privado. En consecuencia, esta labor aunque debe iniciarse en el Ministerio de Educación Pública, por ser el órgano técnico, es una acción legislativa y que, por ende, es urgente que se coloque en la agenda de discusión esta situación como un gran pendiente para el ejercicio efectivo de la fiscalización de la educación privada como lo establece la Constitución Política.

Esto por cuanto las y los niños, y las y los adolescentes tienen derecho a una educación privada que les garantice el éxito educativo, permanencia y respeto a los derechos humanos.