El Sindicato Nacional de Periodista demanda revisión de la Ley de Delitos Informáticos No. 17.613, recientemente firmada por la señora presidente Laura Chinchilla Miranda, y pendiente de publicarse para su ejecución, apoya la gestión del Colegio de Periodistas de convocar a los directores de los medios de comunicación para evaluar las limitaciones legales de la ley en materia de libertad de prensa y ejercicio periodístico.

La jurisprudencia internacional es contraria a castigar con penas carcelarias a los periodistas por violación de correspondencia o comunicaciones en actos de comprobado interés público, lo cual afecta investigaciones periodísticas, como casos connotados en el pasado como el “Memorando del Miedo” y otros realizados por medios de comunicación y valientes periodistas que hacen respetar los principios de fiscalización de la prensa e interés público

La Ley de Delitos Informáticos reforma el 196 bis y el 288 hace referencia a la afectación que podría recibir el trabajo de investigación y el ejercicio diario de la prensa costarricense, ya que reprime con sanciones penales debilitando el derecho de acceso de  información pública en cuanto a los hechos de interés público, el correlato, la contraparte y comprobación de casos de investigación periodística.

El artículo 288 de la nueva ley señala que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas”, contradiciendo una antigua polémica y la jurisprudencia sobre el Secreto de Estado en temas de interés público, presentado en la Sala Primera, número 115 a las 17 horas con fecha cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y tres, con relación al Artículo 30 de la Constitución Política, que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo  los secretos de