a la empresa privada a contribuir con la conservación del patrimonio histórico arquitectónico. Las donaciones realizadas en dinero, especie o de cualquier otra forma, podrían deducirse del monto sobre el impuesto de la renta.

Con la iniciativa, se decretaría la exoneración total de impuestos, nacionales y municipales, a los bienes declarados de interés histórico arquitectónico, así como del pago de trámite de cualquier permiso de obra relacionado con la conservación o restauración de los inmuebles.

“Durante mi gestión como Presidente del Congreso aprobamos la intervención del Castillo Azul. Las obras para atender problemas estructurales, ignorados por muchas administraciones, ya comenzaron y eso me satisface. De allí surgió la idea de crear un régimen de incentivos para continuar rescatando y conservando nuestro patrimonio”, agregó el representante del PAC.

El proyecto además es apoyado por los diputados José Roberto Rodríguez y Gloria Bejarano de la Unidad Social Cristiana, Martín Monestel y José Joaquín Porras de Accesibilidad sin Exclusión, todos integrantes del Directorio Legislativo 2011-2012.

El expediente 18.415 autoriza al sistema bancario estatal a generar líneas de financiamiento para los proyectos de restauración y conservación, utilizando como base la tasa básica pasiva. Las entidades recibirían por parte del Estado una compensación al spread bancario de esos créditos, mediante la deducción de renta.

“Queremos desarrollar todo un marco de gestión del patrimonio histórico y arquitectónico, con el fin de administrar y destinar recursos. Para ello se autoriza la creación de un fideicomiso, por parte del Ministerio de Cultura y Juventud”, agregó el diputado Mendoza García.