En la segunda parte del libro, se analizan los convenios internacionales así como las 40 recomendaciones antilavado, las 9 contra el financiamiento del terrorismo y finalmente el Acta Patriótica de los Estados Unidos y sus efectos, cerrando esa parte de la obra con la Legislación Española contra el lavado ejecutado por notarios y la participación de abogados y altos ejecutivos de empresas.

En la tercera parte de la obra, se analiza la legislación costarricense, los convenios suscritos, las leyes contra el financiamiento al terrorismo y se detallan conflictos existentes con el Código de Comercio en que se permite la tenencia de acciones nominativas sin la existencia de un registro de acceso judicial, lo que conlleva en la realidad un conflicto entre lo pretendido por la legislación aprobada contra el lavado y sus leyes comerciales societarias.

El cierre de la obra, realiza un análisis de la legislación existente versus las sugerencias de modificar registros de accionistas así como críticas a diversas recomendaciones, dentro de las que destacan la ley para luchar contra el terrorismo, definiciones inciertas de Operaciones Sospechosas, Agentes Inmobiliarios, depósitos bancarios, emisión de tarjetas de crédito y débito y regulaciones a los Abogados y Contadores entre otros.