Por lo menos 90 países han aprobado legislaciones nacionales que establecen el derecho del público a conocer información en poder del gobierno y los procedimientos para solicitarla y obtenerla.

En mayo de 2011, Túnez se convirtió en el segundo país árabe, después de Jordania, en adoptar una ley de libertad de información, que honraba una promesa del gobierno provisorio de poner fin al silenciamiento de los medios de comunicación y la irresponsabilidad del régimen anterior.

Luego de la caída de Mubarak, en febrero de 2011, la sociedad civil presionó al gobierno interino de Egipto para que adoptara una ley similar como señal de ruptura con el pasado autoritario.

Un informe divulgado en abril por la Egyptian American Rule of Law Association (Asociación Egipcio-Estadounidense para el Imperio de la Ley) sostiene que una legislación de libertad de información potenciaría la transparencia y la responsabilidad del nuevo gobierno. También podría contribuir a erradicar la corrupción rampante, que debilita la economía y el sistema político.

Esas leyes dan a los ciudadanos la oportunidad de participar en la vigilancia de los representantes de su gobierno, para garantizar que los fondos del Estado se gasten en el país y no vayan a parar a las cuentas personales de los funcionarios, plantea el reporte.

Las empresas también usan esa ley para asegurarse un acceso equitativo a oportunidades de contratos con el gobierno, mediante evaluaciones de calidad y competencia, y no por nepotismo o amiguismo, agrega.

El gobierno de Mubarak eliminó todo intento de organizaciones de derechos humanos de introducir al parlamento proyectos de ley en la materia.

Después del levantamiento, el gobierno solicitó préstamos a donantes internacionales para sostener la atribulada economía del país, y, según algunas fuentes, una de las condiciones impuestas fue un acuerdo tácito de aprobar una ley de transparencia.

Entonces, el Banco Mundial encargó a Mendel redactar un proyecto de ley de libertad de información para el gobierno egipcio.

Pero en junio de 2011, luego de revisar su presupuesto, las autoridades militares rechazaron un préstamo de 3.200 millones de dólares del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y archivó el proyecto.

"En ese período, la sociedad civil tomó el borrador que yo había preparado, lo modificó y luego lo presentó al parlamento", dijo Mendel.

"El gobierno también trabajó sobre el borrador (original) y, posteriormente, elaboró su propio proyecto", agregó.

Los legisladores se encontraban debatiendo los dos proyectos cuando se disolvió el parlamento, el mes pasado. Ambos textos tienen artículos en común, pero difieren en los procedimientos y en una lista de exenciones.

El del gobierno trata el acceso a la información como un privilegio concedido y brinda un mecanismo para que los ciudadanos la soliciten, pero solo requiere que las instituciones del Estado aporten datos toda vez que su divulgación responda "a un interés legítimo".

El de la sociedad civil va más allá, pues consagra el acceso a la información como un derecho y obliga a los organismos del Estado y a algunas instituciones privadas a publicar regularmente los detalles de su estructura interna, actividades y decisiones.

Según Mendel, es importante que los proyectos establezcan un organismo evaluador independiente que garantice que la ley se cumpla. Los ciudadanos pueden apelar a ese comisionado de información –un individuo o un comité– si creen que un pedido es injustamente rechazado o demorado.

El comisionado de información también debería tener autoridad para determinar si el gobierno clasifica correctamente la exclusión de ciertos datos, una categoría que permite negar el acceso a ellos.

Abundan las leyes de libertad de información que han tambaleado en este punto. India, por ejemplo, exoneró a muchas instituciones del Estado de la obligación de revelar datos, con el argumento de que eran sensibles para la seguridad nacional.

Las cláusulas de exclusión amplias y vagas hacen más fácil ocultar información que puede dejar al descubierto casos de mala administración o corrupción.

"Un gran escollo para Egipto es la cuestión de si las Fuerzas Armadas serían eximidas" del alcance de la ley, dijo Mendel. Los militares controlan 40 por ciento de la economía nacional, por lo que resulta impensable dejarlos fuera, sostuvo.

Según el historiador y analista militar Robert Springborg, los generales de Egipto poseen tierras y administran fábricas, se benefician libremente del presupusto del Estado y reciben 1.300 millones de dólares anuales por concepto de asistencia militar de Estados Unidos.

Pero sus propiedades y gastos están totalmente ocultos de la vista del público: informar sobre ellos constituye un delito penal.

"Los militares tienen acceso a recursos públicos que no están registrados de modo preciso en el presupuesto del Estado, e incluso el parlamento desconoce cómo se utilizan estos fondos", dijo Springborg.

Según defensores de los derechos humanos, el problema va más allá, dado que Egipto tiene en vigor varias leyes que restringen el acceso a documentos y datos del gobierno.

Es imperativo, afirman esos sectores, que cualquier nueva ley en la materia reemplace o modifique toda esa legislación anterior, o que el derecho a la información esté consagrado en la nueva Constitución, cuya redacción es inminente.