La relatora consideró que la falta de educación también contribuye a elevar los riesgos inherentes a las relaciones sexuales y los embarazos precoces.

Sobre la venta y explotación sexual de los infantes, alertó que resulta difícil conocer la amplitud real de ese fenómeno debido a la falta de denuncia sistemática provocada por el miedo a la estigmatización y las represalias.

Como otras causas de ese silencio, también mencionó la tolerancia social de la violencia y la dificultad de acceso a los mecanismos de denuncia que garantizan una protección rápida y seguridad.

Al mismo tiempo, la experta se refirió a lo que denominó dimensión transnacional del problema, en la cual incluyó el turismo sexual con niños, la pornografía en línea y el crimen organizado.

También criticó al gobierno por la fragmentación del trabajo de atención a los niños, la falta de coordinación, las fallas institucionales, la escasez de recursos adecuados, la lentitud de las investigaciones judiciales y la impunidad de ciertos explotadores.

Al respecto, reclamó a las autoridades la adopción de un enfoque global e integrado que permita garantizar la protección, sin discriminación, de todos los niños víctimas y con riesgo de serlo y su acceso a una educación de calidad.