En lo que respecta al argumento de que el acuerdo contraria el artículo 12 de la Constitución Política, la Sala Constitucional asevera, en la resolución número 2010-021680 (voto 21680-10), que “el argumento de la violación al derecho a la paz cimentado en el ordenamiento constitucional costarricense, resulta válido y vigente, pero no puede considerarse quebrantado toda vez que el objetivo del patrullaje conjunto no se encuentra relacionado con otros fines torticeros, sino con el combate a un trasiego sofisticado de drogas por tierra, mar y aire, que se encuentra ampliamente amparado en el derecho internacional”.

Con respecto al argumento en el que se manifiesta violación a la soberanía, la Sala manifestó una clara diferencia entre lo que se acusa y lo aprobado por la Asamblea Legislativa. Debió determinarse con respecto a esa acusación si las fuerzas militares extranjeras están haciendo labores policiales independientes y con total autonomía en nuestras aguas y nuestro territorio nacional, es decir, si operan al único mando y bajo las órdenes de una potencia extranjera distinta a la autoridad civil costarricense; a lo que la Sala concluyó que en este caso las actuaciones materiales se realizan bajo la cobertura de un Acuerdo Internacional, cuyo reparto de competencias se encuentran claramente distribuidas y en las cuales la autoridad costarricense tiene una posición jurídica preeminente o relevante.

Además, en sentencia número 2006-17744, la Sala Constitucional estima que los fines del patrullaje conjunto no se desvirtúan con la solicitud de permiso gestionada en la nota diplomática tramitada por el Ministro de Seguridad de ese entonces y aprobada por la Asamblea Legislativa, por cuanto el operativo marítimo conjunto a que se refiere dicha nota, está contenido dentro del tratado, es decir, el patrullaje conjunto para la lucha contra el tráfico ilegal. La resolución de marras fue notificada el 29 de agosto de 2012 vía fax y de manera íntegra al señor Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero el pasado 13 de setiembre del 2012.

Tres magistrados salvaron el voto y declararon parcialmente con lugar la acción.