adecuado a una institución bilingüe y se requiere la construcción de más aulas, laboratorios, servicios sanitarios, comedor, entre otros. El Liceo proyectó una matrícula de 1300 estudiantes.

Ante tal situación, la Sala, por sentencia N° 2012-13364, estimó lesionado el derecho constitucional a la educación en relación con el principio de razonabilidad y proporcionalidad.

El Tribunal ordenó al Ministro de Obras Públicas y Transportes realizar y coordinar las acciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia para que en el plazo de dos años, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el ministerio recurrido desocupe la finca inscrita a nombre del Liceo de Costa Rica, con el fin de que ese centro educativo pueda tomar plena posesión de dicho bien inmueble.

Los magistrados Jinesta y Castillo salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso, al estimar que el legislador ordinario puede introducir una condición suspensiva en una ley para dimensionar su eficacia en el tiempo, siendo que no se ha acreditado que ésta se hubiere cumplido y al estar también de por medio el derecho al desarrollo –fundamentalmente a la infraestructura-, derecho de cuarta generación  que actúa el MOPT a través de sus competencias.