Destaco y agradezco la intensa, transparente y eficaz labor realizada por sus cofacilitadores, embajadores Luis Alfonso de Alba, de México, y Carsten Staur, de Dinamarca.

Damos de nuevo la bienvenida, además, al “Programa de Acción para reforzar el Estado de Derecho en las dimensiones nacional e internacional” presentado por el Secretario General. El trabajo de la Secretaría y, en particular, de su Unidad de Estado de Derecho, es clave en este sentido. Pero muy poco podrá lograrse sin la participación y convicción de los Estados Miembros. Costa Rica reafirma las suyas.

Señor Presidente:

Para Costa Rica, la legalidad nacional es manifestación explícita de nuestro pacto social como país democrático, desarmado y defensor de los derechos humanos. La legalidad internacional, a su vez, es fundamento de nuestra seguridad externa y piedra angular de nuestras relaciones con otros países. Ambas dimensiones de legalidad –la local y la global-- deben formar una unidad indivisible. De aquí que la sinergia entre los planos nacional e internacional del Estado de Derecho deba ir más allá de la ratificación de los acuerdos multilaterales. Esta sinergia obliga, también, a desarrollar legislación e instituciones internas para fortalecer la democracia, impulsar la paz, respetar la dignidad humana y promover un desarrollo que sea dinámico, sostenible e inclusivo.

La congruencia entre las obligaciones emanadas de los convenios internacionales  y las normas y prácticas nacionales es una obligación de todos los Estados. La Constitución Política de Costa Rica otorga a los instrumentos internacionales de derechos humanos fuerza normativa constitucional. Además, nuestra jurisprudencia constitucional les reconoce un valor supraconstitucional, en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías.

En 1973, nuestro país aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano para la solución pacífica de controversias entre Estados. Hoy reiteramos nuestra confianza en la Corte, y recordamos que acatar sus decisiones, plenamente y sin excepción, es una obligación de todos los Estados, que emana de la propia Carta de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

El fundamento que legitima las normas constitucionales y legales es la democracia. Su principal articulador son los parlamentos elegidos libremente, como representantes de la soberanía popular. El acatamiento de las normas corresponde, por igual, a todos los ciudadanos y entidades. Nadie debe estar por encima de la ley, y a los gobernantes corresponde un particular deber de cumplirlas y dar cuenta por sus actos. La transparencia es parte de la legalidad.

La impunidad, en cambio, es una burla al Estado de Derecho, y esta burla se convierte en ofensa cuando quedan impunes los peores crímenes contra la humanidad. Por esto Costa Rica está profundamente comprometida con la Corte Penal Internacional, uno de los logros más relevantes del sistema multilateral desde la creación de las Naciones Unidas. Ya casi dos tercios de los Estados Miembros han ratificado el Estatuto de Roma. Es un enorme avance. Pero mantenemos la aspiración de universalidad, y hoy planteamos un respetuoso llamado a quienes no lo han hecho para que ratifiquen este instrumento.

El valor universal de la justicia no es solo un fundamento conceptual para la organización de los Estados; es, más aún, una necesidad de cada ser humano; de cada pueblo de las Naciones Unidas. En ellos debemos fijar nuestra atención, nuestro compromiso y nuestro trabajo. Costa Rica reitera su compromiso de hacerlo.

Muchas gracias, Señor Presidente.