En tal contexto la reforma recibió el 20 de junio aprobación legislativa, y pasó a la firma –o el veto- presidencial.

Los partidarios de las modificaciones celebraron, mientras los opositores pasaron a plantear la necesidad de que la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, vetara la legislación popularmente conocida como “ley de fotocopias” o “ley de fotocopiado”.

La legislación reformada fue inicialmente aprobada como parte de las 14 leyes de implementación del tratado de libre comercio Centroamérica-Estados Unidos. Negociado en 2003 por ambas partes, el tratado tuvo aprobación, en Costa Rica –donde recibió intensa oposición de sectores de base de la sociedad civil-, en 2007 mediante referéndum.

La ley original preveía penas de prisión, de uno a tres años, para “delitos contra derechos de autor y derechos conexos”, incluida la “reproducción no autorizada de obras literarias o artísticas, fonogramas o videogramas”.

En ese entonces, la Dra. Silvia Rodríguez* manifestaba: “El capítulo de propiedad intelectual (PI), es simultáneamente uno de los más desmedidos y más imprecisos del Tratado. Ello deja abiertas posibilidades para que Estados Unidos presione a fin de conseguir, eventualmente, concesiones más allá de lo estipulado en el texto actual. Su lectura pone de manifiesto la agobiante tendencia -que ya se observaba en el Acuerdo de Aspectos Relacionados con la Propiedad Intelectual (ADPIC o TRIPs), de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- en el sentido de tratar de imponer un régimen homogéneo de PI, concebido sin consideración alguna al grado de desarrollo de cada país y de la soberanía de cada nación, para darse su propias leyes y normativa en este y otros campos”.

La empresa que más presionaba al gobierno para su aprobación, fue justamente Microsoft. Ese compromiso con Estados Unidos, y precisamente con Microsoft como mayor influencia, son los que tienen atado al Gobierno a la negativa de beneficiar a los más humildes en materia de estudios y ante el encarecimiento desmedido de los textos necesarios.

Costa Rica puede perfectamente excluir al sector estudiantil y los textos académicos de dicho tratado, mediante una renegociación con Los Estados Unidos y únicamente sobre ese acápite. “Todo es cuestión de voluntad”, manifiestan algunos abogados consultados, sin embargo, existen costarricenses (inclusive miembros afines al gobierno), con intereses en este lucrativo negocio.

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*Doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Wisconsin-Madison. Profesora
Emerita de la UNA, integrante de la Red de Coordinacion en Biodiversidad, Presidenta del
Patronato de Genetic Resources Action International (GRAIN). Elaborado con la colaboración de Camila Montecinos. Febrero de 2004