genas, es absolutamente nulo. Esto es, sin capacidad alguna de producir efectos jurídicos o derecho a favor del no indígena.  Esta normativa tiene consecuencias, en el sentido que aquellas personas no indígenas que demuestren haber poseído o que cuenten con escrituras inscritas antes de 1977, podrán alegar derechos adquiridos, pero con posterioridad a esta fecha, la norma es clara y sin ninguna posibilidad de interpretación, el negocio es nulo. La única salida que la misma normativa propone en el artículo 5, es que “en el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO (hoy INDER) deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas…” Pese a esta situación jurídica, la realidad de la relación entre indígenas y no indígenas, ha generado que en este momento, dentro de los Territorios Indígenas, existan personas no indígenas o no reconocidas por sus estructuras como tales, que ocupan gran cantidad de terreno.

El Estado omitió por muchos años darle solución a un problema que hoy es una verdadera bomba de tiempo. La personas indígenas y quienes alegan derechos dentro de ese Territorio, establecieron una tregua por el plazo de un mes, que compromete a los indígenas a no ejecutar ninguna acción de recuperación de tierras y la otra parte, se obligó a un pacto de no agresión a los indígenas, lo anterior con la mediación de la Defensoría de los Habitantes. El plazo de un mes, es una oportunidad para que el Estado costarricense busque acuerdos que permitan vislumbrar una solución para equilibrar la relación entre los derechos indígenas y la situación jurídica de quienes o no lo son, o no son reconocidos como indígenas, pero además es una oportunidad para que las partes involucradas en el conflicto, busquen en el diálogo una respuesta diferente a la de la agresión y la violencia. Es un mes para la paz.