La decisión de procesar a este grupo de ciudadanos es trascendental porque los incidentes ocurrieron en el transcurso de una protesta masiva en la que se ejercían derechos civiles (derecho a expresarse, a protestar, a movilizarse y hacer peticiones) aunque sus demandas públicas son reivindicativas (permisos de operación, caponeras y subsidios).

Las protestas, iniciadas hace casi dos semanas, se vieron empañadas por el uso de métodos errados de lucha, incluyendo cierres de la vía, obstaculización a la circulación, hostigamiento a conductores particulares y taxistas, daños a otras unidades y amenazas públicas contra los conductores que saliesen a trabajar.

La gota que rebalsó el vaso ocurrió el lunes pasado, poco después de las cinco de la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional desalojaron la rotonda Rubén Darío en medio de la típica escena de personas lanzando piedras y enfrentando a la unidad antimotines. Lo que hace diferente a este suceso de otros, muchos más violentos y en los que se han reportado muertos y graves heridos, es que un taxista, en medio de un incidente no muy bien aclarado, arrolló con su vehículo a un policía al que estrelló contra una valla publicitaria.

Hasta ese momento, teníamos una protesta dirigida por cooperativas del transporte selectivo, existentes, debidamente identificadas, con líderes visibles, con motivos públicos que reclamaron y escalaron hasta rayar el umbral de la violencia.