La APSE no negocia
si el gobierno lesiona derechos

• El movimiento sindical entregó documento de rechazo al anteproyecto que suprime pluses salariales.
  
  
• a APSE no negociará ninguna propuesta que lesione derechos del trabajador actual y futuro.

Momentos en que la presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto (izq.), advierte que la APSE no participará en ninguna mesa de negociación donde se pretenda lesionar derechos del trabajador.
San José, 13 de octubre de 2012.-  Una nueva estocada infligió el Gobierno con la propuesta de metodología para la discusión del anteproyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, que entregó a la representación de los trabajadores el jueves 11/10/2012.
Con esta metodología quedó clara la posición del Gobierno de cercenar los derechos adquiridos de los actuales trabajadores, ya que expresamente señala que las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad no son derechos adquiridos, sino expectativas de derecho.

“Ahora no existe la mínima duda de que la iniciativa de ley que suprime los pluses salariales violenta los derechos adquiridos de los servidores públicos actuales y futuros”, dijo la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Beatriz Ferreto.

En la sesión de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (Cnssp), la representación sindical, en conjunto, presentó un documento de rechazo absoluto al anteproyecto.

Los dirigentes enfatizaron en que no aceptarán la discusión de  ningún tema de política salarial que contenga la mínima supresión de algún derecho del trabajador.

Mientras en una mesa de negociación estén en juego derechos de los trabajadores, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) no participará.

Así fue de contundente la presidenta Beatriz Ferreto López en el primer día de “negociación” del anteproyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, en el seno de la Cnssp.

La dirigente Ferreto se hizo eco del acuerdo de la Asamblea de Presidentes de Base, realizada el  viernes 21 de setiembre del 2012, que rechazó las iniciativas del Gobierno que atenten contra los salarios, las convenciones colectivas y otros derechos laborales de los trabajadores públicos.

La iniciativa de ley, acompañada de un diagnóstico sesgado sobre la situación salarial, fue presentada unilateralmente por el Gobierno el 29 de agosto pasado a los representantes de los trabajadores.

El Gobierno presentó el anteproyecto escudándose en el acuerdo suscrito con los sindicatos el 20 de marzo del 2012, que como se recordará no fue firmado por la APSE  ni por la Central General de Trabajadores.

Eliminación de pluses. El Gobierno expresa, en la propuesta de metodología, que “en todos los casos se trabaje sobre aspectos relacionados con expectativas de derechos…El pago futuro de las anualidades, así como los contratos por dedicación exclusiva y disponibilidad, constituyen expectativas de derecho y, por lo tanto, es posible y necesario revisar los contratos y las formas en que estos se están aplicando”.

La metodología propone, además, que “se monten mesas de trabajo con otros sectores tanto sindicales como profesionales y otros de la sociedad civil, así como representantes de entidades específicas involucradas. Estas será definidas entre el Gobierno y los facilitadores”.

“Lo anterior significa que podrán tener injerencia las cámaras empresariales y otros sectores. Tampoco estamos de acuerdo con que se nombre a un facilitador porque la Cnssp está constituida, según la normativa, solo por representantes gubernamentales y sindicales para tratar asuntos salariales  y de empleo público”, dijo.

“No participaremos en ninguna negociación mientras se lesionen derechos de los trabajadores presentes y futuros y  prive la insolidaridad”, advirtió, en varias ocasiones la presidenta Ferreto López durante la sesión de la Cnssp.

“¿Qué confianza vamos a tener si se firma un acuerdo en el seno de la Comisión Negociadora, y luego por una orden superior se tira a la basura?, cuestionó la dirigente visiblemente molesta.

Beatriz Ferreto hacía alusión al veto  presidencial sobre el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales, contenido en la Reforma Procesal Laboral, aprobada por la Asamblea Legislativa, pasándole por encima al acuerdo entre el Estado, patronos y sindicatos.

Para el jueves 18 de octubre está convocada la Comisión Negociadora, ocasión en que la representación de los trabajadores entregará un documento de rechazo a la metodología propuesta por el Gobierno. Por su parte, los representantes gubernamentales responderán a la posición de los sindicatos, que rechazan el anteproyecto y solicitan un tiempo prudencial para elaborar su propio diagnóstico sobre la situación salarial y de empleo en el sector público.

Los sindicatos exigen que se inicie la discusión de una metodología para las fijaciones salariales y definir una política de empleo público, temas para los cuales tiene potestad la Comisión Negociadora.