Al respecto indicó que “pese a las reformas experimentadas por la banca pública y a la necesidad de que consideren aspectos comerciales y de utilidad en sus operaciones, no pueden olvidar su deber de servicio social en beneficio de la economía y del bienestar de la comunidad, con abstención de propósitos exclusivos de lucro”.

Y es que tal y como recordó, cada punto porcentual de aumento en las tasas de interés tiene un costo a los deudores de  ¢60.000 millones y al Estado en su propia deuda ¢20.000 millones.  Esto afecta negativamente la inversión, el gasto en consumo de las familias deudoras, y por lo tanto la actividad económica y el empleo.

Frente a esta preocupante situación, la Presidenta Chinchilla anunció un estricto proceso de monitoreo por parte del Gobierno de la República y no descarta la adopción de medidas al respecto.

En relación con el precio de los combustibles, la preocupación de la Gobernante se centró fundamentalmente en el mecanismo que se sigue para fijar los mismos.

“Es éste un procedimiento que no permite administrar los ajustes por concepto de cambios en los precios internacionales de los hidrocarburos. La obligación de realizar consultas, aún cuando los ajustes sean en beneficio de los consumidores, atrasa de manera innecesaria el pronto traslado de los beneficios a los consumidores cuando los precios internacionales tienden a bajar. Además, lo engorroso y lento del mecanismo actual, propicia la especulación, todo en detrimento de la economía nacional y de la economía familiar”, manifestó Chinchilla.

Ante esta situación, la Presidenta manifestó que “estos procesos legales y administrativos resultan contrarios al interés público y ameritan reformas legales para cambiar el procedimiento y ajustarlo a lo que ocurre en el resto de las naciones del mundo”. El proyecto de ley, según anunció, se estará presentando el martes 30 de octubre, luego de la sesión de Consejo de Gobierno.