El Juez Penal consideró que es indispensable ir recuperando algunos espacios que se han cerrado por esa ideología de “mano dura”, como por ejemplo la Oficina de Valoración Externa que funcionó con muy buenos resultados y fue cerrada hace algunos años.

Para Murillo el país mantiene una deuda con los privados de libertad desde el año 1971 cuando en el Código Penal, en su artículo 5, se habla de la finalidad de la sanción y de que por medio de una ley se definirá la forma y la manera en que se cumplirían las penas, pero han pasado 40 años y esa ley aun no está.

Por último, los legisladores aprobaron una moción para solicitar a la Corte Suprema de Justicia, la designación de un funcionario que se una al grupo interdisciplinario que ya está trabajando en la elaboración de un texto sustitutivo que corrija todas las irregularidades y llene los vacíos detectados.