Se comprobó falta a la ÉTICA pero Presidencia archivó los casos - TicoVisión
Publicado en 02/11/12 a 06:45:44 GMT-06:00 Por Administrador
Sin embargo, dijo el Procurador, el informe fue enviado a la Presidenta de la República, quien finalmente archivó ambos casos
Se comprobó falta a la ÉTICA pero Presidencia archivó los casos - TicoVisión
02 de noviembre de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Legislativas | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Se comprobó falta a la ÉTICA pero Presidencia archivó los casos
Luis Liberman, Vicepresidente de la República y Leonardo Garnier, Ministro de Educación. (Foto de archivo)
San José, 2 de noviembre de 2012.- Gilberth Calderón Alvarado, Procurador de la Procuraduría de la Ética Pública, concluyó en un informe presentado por esta dependencia, que las cartas emitidas por el Vicepresidente de la República, Luis Liberman y el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, a la firma Procesos, violentaron los principios éticos que contienen varias normas.
El Procurador fue recibido en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, para que se refiriera al informe emitido por la Procuraduría de la Ética, en el caso de las cartas que emitieron tanto Liberman como Garnier a la empresa Procesos en la participación de ésta para una consultoría en la Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE.
“Hicimos ese análisis, lo plasmamos en un informe y ese informe de conformidad, en el caso del señor Ministro de Educación con el artículo 43 de la Ley contra la Corrupción fue comunicado a la Presidenta de la República porque así lo establece la ley. Y en el caso del Vicepresidente Liberman también se comunicaron los resultados a la Presidenta de la República en consideración a la investidura precisamente de don
Luis Liberman y en especial relación que tienen los vicepresidentes con la Presidenta de la República”, dijo el Procurador.
En este mismos sentido aseguró que en dicho informe se estableció que habían sido violentados los principios éticos, luego de un análisis jurídicos que estuvo respaldado en la directriz número 20 del año de 1997 emitida en el Gobierno de José María Figueres Olsen, que establece concretamente que los funcionarios públicos no deben haciendo uso de los recursos del Estado y de la influencia que surja de un cargo público para emitir recomendaciones a persona físicas y jurídicas.
“Aplicamos también un Decreto Ejecutivo, que establecía los principios éticos que debe regir el ejercicio de la función pública de todos los funcionarios públicos, consideramos que ciertamente estas eran unas cartas de recomendación de las que estaban prohibidas por este ordenamiento jurídico y que por lo tanto debíamos de comunicar ante una denuncia realizar una investigación preliminar y comunicar al órgano que tenga la potestad disciplinaria los resultados de la investigación”, comentó.
Sin embargo, dijo el Procurador, el informe fue enviado a la Presidenta de la República, quien finalmente archivó ambos casos por considerar que las directrices que aplicó la Procuraduría ya no estaban vigentes.
Gerardo Barboza, M.Ed.
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